Ya nos aprendimos la lección, de tanto escuchar al señor Presidente Iván Duque y al Ministro de Salud sobre las medidas de aislamiento inteligente y de bioseguridad, para volver a los lugares de trabajo y evitar el manejo autocrático que se viene dando de las libertades ciudadanas.
Nunca habíamos tenido unos maestros tan reconocidos por el manejo del lenguaje que ha convencido a los colombianos sobre la necesidad de protegerse de la peste mundial del coronavirus.
Más de tres meses de confinamiento han provocado la desesperación de millones de personas, de todas las edades, escuchando al primer mandatario de la nación que, junto con los señores ministros de salud, hacienda y comercio, han hecho trizas el presupuesto de la nación, para aliviar por poco tiempo a las familias más pobres de este país, que se han acostumbrado al sistema asistencialista de que pueden vivir sin necesidad de trabajar.
A la sombra de la pandemia del Covid -19 ha surgido un nuevo estilo de corrupción, que consiste en colocarle sobreprecios a los servicios de las ‘Unidades de Cuidados Intensivos’ (UCI’s) de las clínicas y hospitales del país, para saquear el erario público con facturas extravagantes que las entidades particulares cobran por el arrendamiento de camas especiales y ventiladores, un curioso negocio, que se han inventado en Colombia a la sombra de los hospitales públicos.
Convertida la salud de los colombianos en una mercancía, los representantes legales de las entidades administradoras de servicios de salud (ARS’s) están haciendo su agosto, prolongando la permanencia de los pacientes en las UCI’s, donde cada día que pasa facturan alrededor de dos millones de pesos por el arrendamiento de una ‘cama medicalizada’ y un ventilador, al que conducen y se someten a todo aquel paciente que lo ven toser o estornudar en la calle, en tiempos en que la amenaza del coronavirus es realmente mortal.
Como decían nuestros abuelos: ‘A la sombra del enfermo come el alentado’. Es muy alto el desangre económico del país en estos tiempos en que a los gobernantes les corresponde en primer lugar, salvar la vida de las personas y luego, pensar en la estrategia para recuperar más adelante las finanzas de un país que está pagando muy alto años proveedores de equipos de salud, para dotar a clínicas y hospitales del país, donde los costos de funcionamiento y el valor de los medicamentos, se ha desbordado y ha reventado las estructuras de la economía nacional.
Pasamos de un desempleo del nueve por ciento al 19.8% según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) lo que quiere decir que, si no trabajamos para reactivar la economía, serán inevitables los saqueos, la anarquía, la reacción de las masas populares, por haber obrado en una sola dirección, cuando la defensa de la salud del pueblo debe ser concomitante y coherente con el mantenimiento de las fuentes de producción y del consumo.
Si no hay trabajo, no hay producción, y si no hay producción, no habrá alimentos. Si la gente, después de tres meses de cuarentena, se quiere morir por indisciplina, por el incumplimiento de las normas de protección sanitaria, habrá que entender que esas son las consecuencias de una decisión personal que, naturalmente afecta al colectivo de la ciudadanía, pero que en cierta forma es producto de la desobediencia civil en medio de la desesperación de este largo confinamiento, que está matando especialmente a las personas con capacidad productiva.