La gran movilización estudiantil que se vivió este miércoles en Colombia, donde Popayán fue actor importante en la protesta, sienta un precedente al cual el Gobierno nacional debe ponerle mucha atención porque los jóvenes del país han empezado a tomar conciencia de que son capaces de cambiar el rumbo político del país, si es que se continúa con el obsoleto modelo económico con el que se enfoca la educación pública, tanto de secundaria como universitaria.
Lo cierto es que luego de estas movilizaciones la comunidad educativa del país deja un nuevo precedente y ejerce una presión sobre el Gobierno Nacional y el Congreso de la República para buscar soluciones a un problema del cual se habla desde hace muchos años.
Nada cambia. Nada se ha solucionado. Promesas que se van al cajón del escritorio de los políticos y Ministros de turno que creen que con el presupuesto de hace treinta años se educa a los jóvenes que requieren estar a la altura de todos los cambios tecnológicos y científicos que ha sufrido el mundo a un ritmo violento y sin ánimo de parar de avanzar.
El problema que enfrentan las universidades públicas viene desde la ley 30 de 1992, ya que los recursos asignados a las instituciones no están acordes con la realidad que tienen estas instituciones en la atención del número de estudiantes y en los temas de financiamiento.
Las universidades públicas se multiplicaron por cuatro en el número de estudiantes, estos son los números que se han expuesto en la última semana, tenían 159.000 en 1992 y hoy tienen 611.000 estudiantes, y las transferencias de recursos crecieron a un ritmo muy bajo mientras que los costos se elevaban cada vez más.
Colombia no tiene unas políticas de Estado para la educación pública y para el Sistema General de Educación. Existe pereza y desidia de parte del Gobierno nacional para trabajar en conjunto con las Universidades, hacer un compendio de Academia para diseñar ese Sistema General de Educación y que el presupuesto se asigne cada año, acorde a las necesidades y que las universidades no tengan que salir al rebusque para obtener los recursos para sobrevivir.
Como están las cosas, la Universidad Pública necesita 4.2 billones de pesos para contratar profesores, trabajadores y pagar los gastos de sostenimiento y funcionamiento. Ante la protesta estudiantil de este miércoles, el Gobierno nacional anunció 500.000 millones de pesos para reforzar el presupuesto que ya había, pero es que se han hecho tantos anuncios que, como al pastor mentiroso, ya nadie les cree.
Y que destacar, eso sí, que le presidente Iván Duque Márquez recibió el país en un estado catatónico, con respirador artificial en materia económica y que le tocará raspar en varias ollas para poder llegar al presupuesto exigido por los estudiantes.
Entre tanto, estos deben de esperar que el año 2019 llegue con un mejor panorama, porque de lo contrario el Gobierno Duque será el que pague los platos rotos de lo que no hicieron los anteriores Gobiernos en los últimos 26 años.
Enrique Narváez Benítez.
Columnista Invitado Diario “EL FRENTE”