Según los entendidos, Colombia es el único país que cuenta con “La Muerte Política”, instrumento intimidatorio contra la corrupción y para aquellos Irresponsables que por “Egos y malos Asesores “no entiende el alcance de las cosas

Por estos días de fatalidades a raíz de la pandemia del “coronavirus”, quiero hablar de una “muerte” que a gran número de personas les gustaría se aplicara con más frecuencia y rigor. Ojalá se pudiera aplicar para aquellos gobernantes de Estado irresponsables, que no están enfrentando la crisis de esta grave emergencia actual con responsabilidad y autoridad, dejando de aplicar medidas que eviten el contagio masivo.

Según los entendidos, Colombia es el único país que cuenta con “la muerte política”, instrumento intimidatorio contra la corrupción del que poco sabemos y usamos, este se aplica a todos los elegidos por el pueblo a Corporaciones.

Todos dicen saber que es “la muerte política”, pero casi nadie tiene la precisión de su difícil definición; este tipo de “muerte” se aplica a los elegidos para cuatro Corporaciones Públicas: Congresistas, Diputados, Concejales y Ediles, dicha “muerte” jurídicamente se configura por medio de la acción constitucional conocida como “pérdida de investidura”, es un proceso judicial relativamente rápido, puede tomar apenas seis meses, tal como lo estipula la norma que regula su procedimiento , la pregunta es se aplica a aquellos que por su falta de responsabilidad atenta contra la vida de la gente de una u otra manera pero bueno ojala la Ley se aplique esta vez  donde la vida de muchos mandatarios estan aun en vilo, para no herir sensibilidades en la Comarca y en Colombia Todos saben cual fue el «POLLO» que la embarro y conocen bien a sus asesores que aquellos que no estén a lado sus egos los sacan hasta del grupo de

Se supone que con “la muerte política” nunca más el sancionado puede volver a presentar su nombre para ningún tipo de elección popular, quedando sometido al escarnio público, ya qué se suponía que “el pueblo” lo eligió para ejercer un mandato con honor y dignidad. Su investidura soporta una exigencia mayor, pues el elegido ahora es un “servidor público” y no un ciudadano corriente, esto por su altísimo nivel de representación donde con dedicación, imparcialidad, moralidad, respeto y honradez debe cumplir a cabalidad con sus funciones, deberes y hacer valer sus derechos, todo para el bien común.

Con la Constitución del 91, “la muerte política” buscó recuperar el prestigio y respetabilidad de las Corporaciones que representan los elegidos por “el pueblo”, por eso de no existir estas garantías se cuentan con reglas precisas para separarlos del cargo, terminando su mandato por medio de la “pérdida de investidura” y así como “el pueblo” le concedió “el principio de representación”, cualquier ciudadano puede solicitar “la muerte política” en un juicio público rápido. Cuando a Diputados, Concejales y ediles se les quiera declarar su “muerte” dicho proceso se presenta ante los Tribunales Administrativos y para los Congresistas el proceso lo lleva un juez directamente del Consejo de Estado.

Nuestra Corte Constitucional sobre “la muerte política” a dicho: “Así, el proceso de pérdida de investidura emerge como un juicio que expresa el poder sancionador del Estado, que impacta de manera grave en los derechos políticos del investigado, pues le impone una especie de “muerte política” que le inhabilita para ser elegido popularmente a cargos públicos en el futuro y de manera perpetua. Por esta razón, la imposición de la sanción exige un análisis de culpabilidad del actor con la consecuente proporcionalidad de la pena, por lo que debe proscribirse cualquier forma de responsabilidad objetiva en su aplicación”.

Si analizamos “la muerte política” tiene la particularidad de ser drástica y va mucho más allá que cualquier otra sanción. Los que defienden la figura aseguran que los costos de una pérdida de investidura son incalculables, porque la democracia se construye entre la legitimidad del pueblo y los instrumentos jurídicos como “la muerte política”.

El exmagistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, explicó que la muerte política es “una de las figuras más importantes de nuestra constitución, con ella, se ha logrado una depuración en el control democrático del país”, explicó que “la sanción es tan drástica porque es una protección a la democracia” la cual está cada vez más afectada por la corrupción electoral.