Petro fracasó y de manera rotunda. La inseguridad y la violencia están disparadas y la “paz total” es un desastre. No hay erradicación y el narcotráfico está disparado, como la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Solo en el primer trimestre de 2024, los grupos criminales aumentaron su presencia territorial un 36%, extendiéndose a 253 municipios más.
La Fuerza Pública está desmoralizada y con su liderazgo descabezado y una serísima disminución de su capacidad operativa. La economía ha bordeado el abismo. El desempleo, a junio, es de 10,3%. Después de crecer 10,8% en 2021 y 7,3% en 2022, el crecimiento se desplomó a 0,6% en 2023 y a duras penas llegó a 1,5% el primer semestre de este año. La inversión cayó 5,1% ese mismo período, que se suma al -24,8% del 2023.
La plaga de la corrupción está peor que nunca, no solo porque se extiende, sin antecedentes, a lo más íntimo de la familia presidencial -su primogénito, su esposa, su hermano-, sino porque afecta al grueso de la administración pública, porque los montos refundidos son de billones y porque se ha expresado en nuevas modalidades que afectan aún más la democracia, como la compra de congresistas con el presupuesto de la Ungrd. Los pocos cambios han sido para peor: despidieron a los burócratas técnicos y los reemplazaron con activistas radicales, ignorantes e inexpertos; dinamitaron la carrera diplomática, colapsaron el sistema de salud, están reventando el sector minero energético y ya tenemos un déficit de gas; vamos aceleradamente a un apagón eléctrico.
A pesar del multimillonario presupuesto, la ejecución presupuestal es la peor en el siglo y en inversión es apenas del 20%; los contratos de prestación de servicios aumentaron 157% en relación con el gobierno de Duque y nos cuestan 2,8 billones adicionales; los gastos de funcionamiento han crecido casi $120 billones estos dos años; aunque nos clavaron la reforma tributaria más feroz de la historia, en 2024 la DIAN ha recaudado 9,3% menos (-18,4 billones) en comparación al mismo período del 2023; por cuenta del desastre, tenemos el peor déficit fiscal en 20 años, 55,7 billones hasta junio, el 3,3% del PIB, mayor incluso que el registrado durante la pandemia.
Una bandera de advertencia: hay que establecer el origen y el monto de los recursos que el gobierno ha trasladado a fiducias y patrimonios autónomos. Al aparecer como ejecutados, esos recursos se escapan a la norma de anualidad, de manera que en la práctica se pueden gastar en los años subsiguientes. Y, por la misma razón, quedan por fuera de las reglas generales de contratación y se hacen cuasi invisibles. Hacerles veeduría y control fiscal es muy difícil. No solo se multiplican los riesgos de corrupción, sino el de su uso político en el período preelectoral. Si los montos son importantes, y me dicen que lo son, pueden tener una peligrosa incidencia en las elecciones del 2026.
