Sin comprender las lógicas culturales, históricas, geográficas y económicas que rodean a las y los pequeños cultivadores de hoja de coca, el 14 de febrero, al amparo del Decreto 062, que declaró la conmoción interior en Catatumbo, el gobierno expidió el Decreto 180 mediante el cual adoptó “medidas excepcionales para desvincular a los núcleos familiares que dependan de cultivos de uso ilícito y promover su tránsito a economías lícitas”, aplicable a los municipios de la región de Catatumbo.
La Dirección de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (DSCI), presentó el programa RENHACEMOS CATATUMBO, para agilizar el proceso de implementación en esa región del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS.
El programa tiene dos componentes: a) pago de un salario mínimo por erradicación de raíz de cultivos de uso ilícito, como medida humanitaria y extraordinaria; y b) fortalecimiento de una economía lícita.
La temporalidad de la conmoción interior declarada (90 días, prorrogables) exige la certeza de que los pagos por erradicación no se suspenderán al término de la conmoción interior, que en principio parecería estar garantizada en el parágrafo 3 del artículo 3 del Decreto 180, que señala que vencido el término de la conmoción interior las familias beneficiarias de los pagos serán vinculadas a las estrategias de sustitución voluntaria.
De otra parte, las comunidades que habitan y tienen sus cultivos en áreas de especial interés ambiental, como parques nacionales naturales o zonas de reserva forestal, podrán contar con alternativas de participación en el PNIS mediante el desarrollo de incentivos de pago por servicios ambientales y el pago de un salario mínimo mensual durante el tiempo que dure la conmoción interior, lo cual busca superar las restricciones impuestas en el pasado a ofrecer soluciones a los cultivadores localizados durante décadas en esas áreas.
A pesar de la intención expresa del gobierno de avanzar en la sustitución voluntaria, los anuncios hechos en el Decreto 180, soporte legal del programa RENHACEMOS CATATUMBO, suscita muy serias dudas.
En primer lugar, cabe la pregunta si el gobierno dispone de los recursos suficientes para vincular a las cerca de 18 mil familias campesinas dedicadas al cultivo de hoja de coca en el Catatumbo o si, como se ha anunciado, sólo mil familias serán vinculadas.
En segundo lugar, la condición impuesta de erradicar totalmente los cultivos para recibir los pagos, y la advertencia de proceder con la erradicación forzosa “sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales a las que haya lugar” en caso de incumplimiento, según señala el artículo 5 del Decreto 180, puede encontrar serias resistencias en las familias que estuvieran dispuestas a ingresar al proceso de sustitución, dado que muchas han insistido en la gradualidad del proceso de sustitución voluntaria mientras se afianzan los procesos de cultivos de productos lícitos.
El programa REHACEMOS CATATUMBO parece estar fundamentado en una errónea comprensión del estado de la economía de la coca en la región. Dado el soberbio centralismo que ahoga las regiones, quienes diseñaron el programa desconocen que la arroba de hoja de coca aumentó de $25 mil a $50 mil aproximadamente; que se está pagando a $12 mil por arroba a los recolectores, llamados coloquialmente raspachines; y que el kilo de base de coca subió de $2 millones a $3 millones.
El programa parece ir en contravía del anuncio del presidente Petro el 16 de diciembre de 2022 en su visita al Catatumbo, cuando afirmó: “les diré a los funcionarios que ideemos el programa para que un campesino pueda cultivar aún hoja de coca mientras va plantando el cultivo sustituto, hasta probar que el cultivo sustituto funciona. Y si funciona ya no hay necesidad de lo otro”.
Por todo lo anterior, me atrevo a señalar que, de no corregir el rumbo, el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en los municipios de Catatumbo será un experimento fallido, inaplicable en otras regiones de la patria.
La experiencia indica que se debe concertar con las comunidades y cumplir los compromisos. Sólo de esa manera se obtiene la confianza entre comunidades e instituciones, y se construyen alternativas viables. El camino de las imposiciones es el camino al fracaso.
