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Nacional

Aprobado en plenaria de Senado Presupuesto General de la Nación.

Tras una intensa jornada de trabajo y discusiones, en la que se oyeron las diferentes inquietudes y analizaron las más de 200 proposiciones de modificación al interior del Congreso de la República, se dio luz verde a esta carta de navegación para el 2022, que según el ejecutivo tiene como prioridad la Inversión Social.
En el marco del pleno del Senado de la República, que sesionó durante la mañana, tarde y noche de este martes 19 de octubre, se aprobó el Presupuesto General de la Nación, para la vigencia 2022, que asciende a 350,4 billones de pesos, que representa un incremento del 5,3 %, respecto al año anterior. De este monto, el 59,8 % corresponde a gastos de funcionamiento, el 20,8 % a pago de la deuda y el 19,5 % a inversión.

Cabe destacar que el gasto social, al que el ejecutivo, en este último año de su administración quiso darle prioridad, le corresponde el 50 % del Presupuesto, con exclusión de la deuda, si se tiene en cuenta la inversión en sectores como educación, salud y protección social, trabajo e inclusión social y reconciliación. De hecho, entre los rubros de mayor inversión, están los 21.489 millones de pesos destinados a inclusión social y reconciliación, los 11.115 para transporte y los 5.412 para educación.

Entre otros datos a resaltar, están los gastos de funcionamiento del estado, que pasaron de $203,7 billones en 2021 a $209,4 billones en 2022. El pago de la deuda pública, por su parte, pasó de $70,5 billones a $72,8 billones; y el de inversión pública, ascendió a $68,2 billones en 2022, luego que en 2021 fuera de $58,6 billones.

Es importante señalar que dentro de las discusiones presentadas en las comisiones económicas, tanto de Cámara de Representantes como de Senado, se presentaron 215 proposiciones, que pretendían modificar el proyecto de presupuesto, en busca de incrementar los recursos para sectores como agricultura, transporte, deporte, ciencia y tecnología, la paz, el medio ambiente y la cultura.

Durante el debate de la plenaria del Senado, se presentaron diversos puntos de vista, especialmente con una norma que fue motivo de controversia en las últimas semanas: El artículo 125, que modificó temporalmente la ley de garantías electorales, que permite a municipios y departamentos firmar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional.

Entre muchas voces que criticaron «el articulito», el senador Rodrigo Lara (Cambio Radical), por ejemplo, declaró contundente, que “dada la dependencia de los territorios frente al Gobierno Nacional, que a veces se convierte en el único empleador, es una medida desacertada. El argumento de que esto apoyaría la reactivación económica, es falaz”.

¨Por su parte, para el senador Carlos Meisel Vergara (Centro Democrático) es fundamental apoyar el financiamiento de los planes de desarrollo de los entes territoriales: “El 92% de los municipios del país son categoría sexta, la calificación más baja. No hay posibilidad alguna, que estos municipios cumplan con los planes de desarrollo sin el apoyo del Gobierno Nacional”, argumentó el congresista.

Caso contrario sucedió con el artículo 104, que también fue motivo de discusión durante las últimas semanas y que fue suprimido del Presupuesto por parte de la plenaria. Cabe aclarar que este artículo buscaba permitir el traslado de afiliados de fondos de pensiones privados a Colpensiones, siempre y cuando fueran hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años, y que hubieran cotizado como mínimo 750 semanas.

De esta manera, y ante la aprobación en la Cámara de Representantes del mismo articulado del Presupuesto General de la Nación aprobado en Senado, no será necesaria la Conciliación del texto entre ambas corporaciones.

 

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