Archiva investigación Procuraduría contra militares y denuncia errores

Bajo el argumento de deficiencias por parte de la anterior administración, la Procuraduría General de la Nación decidió archivar la indagación preliminar que esa dependencia adelantaba contra miembros (por establecer) del Ejército Nacional, adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia (CCONI) y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica (RIMEC) por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta de “gastos reservados”.

En su explicación de la decisión, la Procuraduría señaló que la Sala Disciplinaria de la Entidad advirtió en su momento de la existencia de una prohibición normativa para decretar nuevas pruebas en la indagación preliminar iniciada en 2017, debido a que se agotó el término de seis meses establecido legalmente para esta etapa.

“El proceso disciplinario se inició por parte de la Delegada para las Fuerzas Militares, en diciembre de 2017; posteriormente, el 13 de marzo de 2018 se remitió la actuación al despacho del Procurador General de ese entonces, Fernando Carrillo Flórez, al advertir que en las presuntas irregularidades habrían intervenido oficiales del Ejército Nacional en el grado de general”, detalló la Procuraduría, ahora a cargo de Margarita Cabello Blanco.

Añadió que el 4 de mayo de 2018, el despacho del Procurador Carrillo ordenó romper la unidad procesal para que, por un lado, se analizara un posible uso indebido de los gastos reservados, y por el otro, una supuesta interceptación de comunicaciones. El 3 de agosto de 2018 se delegó al Viceprocurador de entonces, Juan Carlos Cortés, para continuar la actuación.

“El 18 de agosto de 2018, el despacho del Viceprocurador General citó a audiencia pública y formuló pliego de cargos por presunto uso indebido de los gastos reservados; no obstante, tres meses después, el 20 de noviembre de 2018, la Sala Disciplinaria de esa época decretó la nulidad de la actuación por error en la calificación jurídica y desconocimiento del principio de favorabilidad, y ordenó, además, devolver el proceso a la etapa de indagación preliminar”.

Con estos hechos, al reanudarse por esta administración la actuación y analizar el material probatorio allegado, “se advirtió la falta de contundencia en las pruebas recaudadas”, dice la Procuraduría.