La senadora María Fernanda Cabal dijo que el espíritu con el que fue promulgada la Ley 1448 del 2011 o de víctimas buscaba la reivindicación de la población rural, debido a los hechos del conflicto armado, pero que “en la práctica ha tendido a convertirse en un instrumento de despojo de la tierra, que en lugar de enmendar las situaciones problemáticas para las que fue diseñada, en ocasiones ha resultado ser la gestora de nuevas víctimas del actuar del mismo Estado”.
Recalcó que como resultado de esa situación, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversos fallos “exigiendo la adecuación de la norma para superar estos elementos difusos de la Ley y ha llamado al Congreso de la República para que en el ejercicio de su labor legislativa, corrija los yerros de la Ley en favor de los campesinos más vulnerables, que se encuentran padeciendo directamente los efectos negativos de la misma”.
Así lo señaló al dar inicio a la audiencia pública, que tuvo lugar en la sede de la Comisión Primera del Senado, y con la que se busca enriquecer la ponencia del proyecto de ley 131 del 2018, que modifica la llamada Ley de Víctimas.
En este escenario, la senadora Cabal dijo: “No vamos a proteger a ningún victimario. Vamos a defender los derechos fundamentales de las personas vulneradas por la Ley 1448”.
Por más de cuatro horas, cerca de 40 campesinos provenientes de diferentes sitios de la geografía colombiana rindieron sus testimonios a viva voz y contaron cómo tras comprar sus tierras, que en la mayoría de los casos habían sido parceladas por el desaparecido Incora, las perdieron, en varios casos, por malas interpretaciones de la Ley 1448 del 2011.
El primero en intervenir fue José Alberto Muñoz, proveniente de la zona del Urabá antioqueño, quien narró su drama y expresó que como propietario ha sido desplazado dos veces, a la vez que se quejó de la negligencia de las autoridades competentes para proteger sus derechos y así poder recuperar su parcela, de la cual fue despojado.
En desarrollo de la audiencia pública intervino la señora Victoria Veracruz, residente en Chigorodó, Antioquia, víctima de la violencia, quien expresó: “Los terratenientes no van a querer entregar los terrenos a los campesinos. Ellos compraron por precio irrisorio, porque el campesino vendía, ya que quería irse de la violencia”.
Por su parte, Luis Ángel Pineda, habitante en el departamento de Nariño, dijo: “En mi región muchas tierras las hemos heredados de nuestros ancestros. Han pasado del abuelo, a sus hijos y a sus nietos, pero el gobierno las quiere declarar como baldíos, porque no tenemos documentos”.