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Judicial

Capturan a fiscal de Valledupar por nexos con los Rastrojos

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En la investigación se determinó que trabajó con esta banda criminal desde 2006. Asimismo, se arrestaron a dos agentes del CTI que hacían allanamientos ilegales con el fin de extorsionar comerciantes de la capital del departamento de Cesar. Un fiscal que era socio de los Rastrojos y dos agentes del CTI que realizaban allanamientos ilegales para extorsionar comerciantes fueron capturados en Valledupar este jueves por funcionarios de la Dijin dela Policía. En el primer caso, las autoridades identificaron que un fiscal local habría hecho parte de la nómina desde 2006 de la nada criminal que tenía azotada a la región. Según la Dijin, entre 2006 y 2012 el fiscal habría suministrado información confidencial de expedientes a miembros de los Rastrojos que tenían investigaciones penales en los departamentos de Cesar, Santander y Norte de Santander. Asimismo, en las pesquisas se determinó que el funcionario judicial uso su cargo para transportar cargamentos de droga a distintas zonas del país a cambio de grandes sumas de dinero. La captura del fiscal se logró luego de que varios miembros de los Rastrojos que fueron capturados en los últimos meses lo mencionaran en distintos juicios y declaraciones. El funcionario será procesado por los delitos de los cohecho propio, concierto para delinquir y concusión. Frente al caso de los dos agentes del CTI, la Fiscalía los procesará por los delitos de falsedad ideológica en documento público, hurto y secuestro extorsivo. Los investigadores de la Dijin evidenciaron que los dos hombres sutilizaban órdenes falsas de allanamientos para ingresar a locales de varios comerciantes de del departamento de Cesar. Los dos agentes, que pertenecían a la Unidad de Chiriguaná del CTI, ingresaron a la finca “Pachito”, ubicada en La Jagua de Ibirico (Cesar) y se apropiaron de una mercancía que al parecer era de contrabando y estaba avaluada en $45 millones. En ese procedimiento también retuvieron al dueño de la finca y le exigieron $30 millones para dejarlo en libertad, devolverle la mercancía y librarlo de cualquier problema judicial.

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