Criminales campean a sus anchas y para acabar con el reguero de sangre que ha tomado fuerza y se puede volver incontrolable ante la pasividad y la tardía, o nula, Reacción del Estado. 

Colombia está sumida en un constante baño de sangre cuya fuente de emanación se centra en peligrosas fuerzas oscuras que determinan cómo y cuándo caerán las víctimas de este exterminio que continúa desbocado y que ha cobrado la vida de 19 personas en los primeros 14 días de enero, del presente año, en las regiones del país en donde se ha refugiado la violencia.

La falta de políticas claras y eficaces para que el Estado llegue a esos territorios en donde la ley la imponen grupos criminales que, sin obstáculo alguno, dominan con el terror y la violencia sobre poblaciones que se aferran a sobrevivir en medio de un imperante no futuro.

El narcotráfico, y todos los negocios criminales derivados de esa peste maldita, es el caldo de cultivo para que confluyan en estos territorios, y se los disputen al centímetro, las emergentes fuerzas paramilitares, la delincuencia común, las mafias de narcotraficantes, el Eln, los despojadores de tierras y las disidencias de las Farc.

Los colombianos reclamamos contundencia en el accionar del Estado, porque las reacciones son tardías y la protección a la población civil y a sus líderes tiene demasiados rotos, que no se han querido tapar.

Las alertas tempranas que se lanzan para frenar esta masacre, este exterminio selectivo que, aunque se niega que existe, está muy claro sobre la mesa, no reciben la merecida y contundente atención por parte de los organismos del Estado, que ha dado viso de ser un ente sin reacción y sin radio de acción.

Desde la Organización de Naciones Unidas, ONU, se lanzó la voz de preocupación por el progresivo asesinato de líderes sociales en el país, e insiste en que se hace necesario fortalecer mecanismos de protección efectivos, eficientes y eficaces para estas mujeres y hombres que buscan la justicia en medio del abandono estatal.

La ONU da cuenta que, en las estadísticas que ellos manejan, el grupo más afectado en número de asesinatos fue el de los defensores y defensoras de derechos humanos del ámbito comunitario y de grupos étnicos específicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos.

Otra de las cifras escalofriantes que maneja el organismo internacional es que los asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos, aumentaron en casi en un 50 por ciento en 2019.

Esos guarismos tenebrosos dan cuenta de que en Colombia se agotó el botón de pánico y la indefensión camina rampante por esos departamentos en donde confluyen todos los actores criminales, y a los que el Estado no les ofrece soluciones inmediatas.

Es aquí en donde deben confluir en un solo frente, pero comprometidos con la verdad y la justicia, todos los organismos de control del Estado colombiano.

Hay que buscar un compromiso real y directo entre el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General, la Procuraduría, y todos los frentes que tengan radio y poder de acción para detener este desangramiento en el país.

Cauca   es un territorio que logró desterrar la criminalidad y ha sostenido ese trabajo para ser uno de los territorios más seguros del país pero hoy esta situación se ha salido de las manos volviendo al atraso de hace años atrás

Esto debería servir de pilar para afianzar el modelo de pacificación de esos territorios en donde los criminales campean a sus anchas y para acabar con el reguero de sangre que ha tomado fuerza y se puede volver incontrolable ante la pasividad y la tardía, o nula, reacción del Estado.