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Desde Ocaña, Norte de Santander, este miércoles a las 9 de la mañana se desarrolló el segundo día de la histórica audiencia de reconocimiento de responsabilidad de militare
Desde Ocaña, Norte de Santander, este miércoles a las 9 de la mañana se desarrolló el segundo día de la histórica audiencia de reconocimiento de responsabilidad de militares en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)¨por el caso de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”. Se espera el reconocimiento de cinco militares, entre ellos Paulino Coronado Gámez, general retirado del Ejército y el oficial de más alto rango en aceptar su participación en estos hechos.
Álvaro Diego Tamayo era teniente coronel del Ejército en la época de los “falsos positivos” y fue comandante del Batallón Santander en el año 2008. Catalogó a los actos por omisión que reconoció ante la JEP como “una farsa que sostuvo durante 14 años”. Durante su intervención aceptó responsabilidades que lo hicieron criminal de lesa humanidad, al ser coautor de homicidios de persona protegida y de desapariciones forzadas.
“Las personas que asesinamos no eran integrantes de grupos al margen de la ley. No tomé medidas adecuadas para prevenir o reprimir conductas punibles de mis subordinados”, agregó Tamayo. El ex coronel fue el primer militar en la audiencia de este miércoles en no reconocer responsabilidades por acción, sino por omisión.
Tras un receso, la audiencia se retomó con la intervención de Gloria Martínez, quien trabajó durante 18 años como operaria en una fábrica de jabones. Tras el asesinato de su hijo Daniel Alexander Martínez, debió dejar su trabajo por afectaciones en su salud. En su intervención aseguró que apenas se estaba enterando de varios detalles del asesinato de su hijo. “Cuando llegué a este hotel por primera vez, me pregunté: ¿en cuál de estas casas de Ocaña estuvo por última vez mi hijo estando engañado por ustedes?”.
La segunda en intervenir fue Jacqueline Castillo Peña, la representante legal del colectivo de Madres de Falsos Positivos (Mafapo) y hermana de Jaime Castillo Peña, asesinado el 10 de agosto 2008 en Ocaña luego de haber sido trasladado desde Soacha. “Aquí no actuó solamente el Ejército. Está involucrado Medicina Legal porque hubo muchos detalles de los cuerpos que no describieron. Mi hermano tenía tatuado el nombre de mi madre, Carmen, y eso nunca lo dijeron. Eso era clave para identificar los cadáveres. Al igual que el CTI, ante la Justicia Penal Militar”.
Reconocimiento y perdón público
El coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, a su turno, reconoció su responsabilidad en los “falsos positivos” y, en línea con lo que han reconocido otros coroneles en la audiencia, afirmó la existencia de una “empresa criminal que se creó, se desarrolló, se formó y se organizó al interior de la extinta Brigada Móvil 15, todo con el fin de presentar falsas muertes en combate y así posicionarse frente a las presiones de los comandantes”.
Otros suboficiales realizaron revelaciones escalofriantes para las víctimas, como fue el caso de Sandro Pérez, suboficial de inteligencia del BISAN.
«Por la falta de resultados y por la presión yo hice una oferta criminal y tomé contactos con gente en Bogotá y logramos que llegaran jóvenes a Ocaña… yo lo planeé, planeé cómo comprar los pasajes y cómo presentarlos a los militares para que jóvenes con sueños fueran asesinados a sangre fría», indicó el sargento Pérez
Además, reconoció haber realizado documentación falsa y de haberles quitado la identidad para hacerlos pasar por NN.
Sin embargo, las víctimas aún tienen dudas y muchas preguntas respecto a altos mandos y gobernantes que tienen responsabilidad, pero no han sido investigados.
«Dicen lo que hicieron, pero están cubriendo a los de arriba. No venga a decir señor Paulino que por omisión, no señor para mí ustedes son un mal elemento para el país y llevan una cruz maldita»: Zenaida Muñoz.
Agregó que, «Montoya nos dijo que en el Ejército a nuestros hijos les enseñaron a sentarse en una taza y a coger los cubiertos. Lástima porque allá les enseñaron también a ser unos criminales. Yo sé que ustedes no están diciendo la verdad», concluyó Muñoz.
Anderson Rodríguez, familiar de una de las víctimas de Soacha, señaló que no cree en muchas versiones que han entregado los militares: «Solo Dios los va a perdonar porque yo no, ustedes son unos fríos sin corazón. Entreguen a los altos mandos y a los creadores de todo esto Uribe y Santos. El jefe de los paramilitares es Álvaro Uribe todo lo sabemos. Las víctimas vamos por la cabeza mayor».
Durante la audiencia, los diez miembros de la fuerza pública y el tercero civil que fueron hallados máximos responsables, deben pasar del reconocimiento escrito al reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y el país, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP les imputó.
En la tarde de este miércoles aún se desarrollaba esta audiencia, donde más víctimas y responsables iban a ser escuchados.
