En aquel escenario, Colpensiones resultó ser la entidad más impactada por la corrección. Un agravante para ese panorama es que a partir del primero de julio de 2025, todos los cotizantes que se incorporen al nuevo sistema de pensiones tendrán que pagar las cotizaciones de hasta 2,3 salarios mínimos.
Una de las principales preocupaciones es si esta circunstancia impactará o no en el abono mensual de las pensiones. De manera inequívoca, esa alternativa es inconstitucional, pero existen otras vías a las que Colpensiones debería acudir para suplir ese incumplimiento.
Andrés Felipe Izquierdo, letrado y director general de Integral Soluciones Pensionales, aclaró que este retraso en el presupuesto podría amenazar a Colpensiones debido a que históricamente ha sido una institución con déficit. En otras palabras, los pagos o cotizaciones mensuales que recibe no bastan para cubrir todas las pensiones que gestiona.
Por lo tanto, el Gobierno tiene la obligación de distribuir fondos a través del Presupuesto General de la Nación para asegurar la operación y el abono de pensiones por la entidad.
«Dado que Colpensiones tiene un déficit y depende de la Nación para finalizar el pago de las pensiones, el anuncio de un aplazamiento en la implementación presupuestaria por $2,8 billones de pesos para Colpensiones, representa un peligro para el pago de las mesadas pensionales», afirmó Izquierdo.
En ese contexto, el especialista explicó que existen tres rutas para solucionar la situación.
La alternativa de interrumpir el pago, congelar o disminuir el valor de las pensiones sería descartada ya que «posee una prohibición taxativa en la Constitución Política».
Igualmente, Deivy Vega, educadora, economista y maestra en economía y desarrollo, alertó que ese recorte no puede impactar en la mesada de ningún ciudadano colombiano.
