La Corte Suprema de Justicia avanza con celeridad en la investigación contra siete congresistas de la Comisión de Crédito Público, acusados de haber vendido su conciencia a cambio de millonarios contratos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Estos legisladores habrían respaldado con su voto los empréstitos que el Gobierno Petro gestionaba con la banca internacional. El cerco jurídico y probatorio los tiene contra las cuerdas.
En el cruce de datos financieros hay información que resulta explosiva e injustificada para la Corte Suprema de Justicia. Uno de los ejemplos más claros involucra a Wadith Manzur, expresidente de la Comisión de Acusación de la Cámara. Transacciones de este tipo, por diferentes montos, fueron detectadas entre los congresistas y miembros de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), con fechas que coinciden con el multimillonario escándalo en la UNGRD.
La Unidad de Apoyo Investigativo, por orden del magistrado Misael Rodríguez, rastreó los movimientos y transacciones de los congresistas involucrados en el escándalo de corrupción más grande que haya afrontado la rama legislativa y el gobierno nacional. No solo se requirió información bancaria, también de la Dian, la Superintendencia Financiera y las Cámaras de Comercio. “Durante enero de 2023 y agosto de 2024, se identificaron 51 productos financieros de los siete congresistas” que le vendieron el alma al diablo y al gobierno para aprobar reformas legislativas, advierte la investigación.
