En la Comisión Primera del Senado se llevó a cabo una audiencia pública para discutir el proyecto de ley que busca articular la jurisdicción especial indígena con la ordinaria en el país.
Los impulsores de la iniciativa han dicho que el propósito es fortalecer el diálogo y la coordinación entre ambos sistemas de justicia, garantizando el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
Durante la sesión, la senadora por el Pacto Histórico Clara López, ponente del proyecto, resaltó la necesidad de garantizar una comunicación efectiva entre las dos jurisdicciones.
“Esto es para que la jurisdicción ordinaria y la indígena hablen, se comuniquen, se coordinen entre sí, de igual a igual, porque autoridad es tanto la una, como la otra. Por eso tomo con mucha seriedad los aportes hechos en esta audiencia pública”, manifestó la congresista de la coalición oficialista.
De igual forma, la senadora indígena y miembro del Pacto Histórico Aída Quilcue celebró el avance del proyecto de ley para articular estas dos jurisdicciones y dijo que, “sin duda, será de éxito para los pueblos indígenas”.
Por su parte, la Ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, una de las impulsora del proyecto de ley, subrayó la importancia de implementar centros de armonización que permitan la convergencia de los dos sistemas de justicia.
De acuerdo con la funcionaria, la norma “implica un pluralismo jurídico que, sin lugar a dudas, nos asegura una aplicación efectiva del principio constitucional que garantiza un acceso a la justicia en tiempo real. También genera una protección de derechos para todos sujetos que están frente al tema y promueve seguridad jurídica”.
La magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina, destacó la importancia de la iniciativa y su construcción entre diferentes actores del sistema. “Este trabajo colectivo puede ser la oportunidad de sacar adelante el mandato constitucional de expedir un mecanismo de coordinación entre los dos sistemas de justicia. Lo más importante es que podamos sacar adelante el proyecto”, expresó la togada.
La jurisdicción especial indígena es un derecho reconocido en la Constitución de 1991 y que permite a las comunidades indígenas administrar justicia dentro de sus territorios conforme a sus usos y costumbres.
Sin embargo, en diversas ocasiones, se han presentado desacuerdos con la jurisdicción ordinaria, especialmente en casos de delitos graves o en la aplicación de penas distintas a las establecidas en el Código Penal colombiano.
Según los impulsores de la iniciativa, el objetivo es establecer mecanismos claros de coordinación y articulación entre las dos jurisdicciones, asegurando que ambas operen con respeto mutuo y en el marco de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
