¿Recuerda el caso de la captura del exsenador Luis Alberto Gil por recibir un soborno para gestionar la negativa a la extradición de Jesús Santrich? El expediente tuvo esta semana un movimiento crucial en el Tribunal Superior de Bogotá pues allí un juez del circuito especializado avaló un preacuerdo elaborado entre los abogados defensores del ex senador y la Fiscalía General de la Nación el cual se había presentado en los despachos del ente investigador desde los últimos meses del año 2019, y solo hasta ahora recibió el sí en los estrados judiciales.
El exsenador Luis Alberto Gil, condenado en el pasado por parapolítica, logró este miércoles que un juez de la República avalara una solicitud de preacuerdo que presentó hace 17 meses, en septiembre de 2019, cuando le ofreció a la Fiscalía General de la Nación reconocer su culpabilidad en los delitos imputados y entregar todos los pormenores de su conducta delictuosa.
Este trámite, precisamente, era el que mantenía en suspenso su futuro jurídico, pues de no haberse aprobado el preacuerdo el exsenador Gil se enfrentaría de manera inminente, en muy corto plazo a un juicio cuyo final podría terminar con su condena que hubiera podido superar los 12 años de prisión, pena que ahora se sustituye por 4 años y cinco meses de prisión.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la condena no supera los ocho años, que del total de la pena impuesta Gil Castillo ya ha pasado 2 años en prisión, que en esta instancia procesal no corre peligro el proceso penal ni está comprometida la seguridad de los testigos, lo más seguro es que otro juez, esta vez de garantías constitucionales, avale otra solicitud que presentarán en las próximas horas los abogados defensores del exsenador santandereano y en la cual se peticionará el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria.
Tal y como lo ha informado otros medios de comunicacion y el nuestro anteriormente, en estos vericuetos judiciales se encuentra el creador del polémico partido Convergencia Ciudadana tras ser procesado por un caso de supuestos hechos de corrupción relacionados con un exfiscal de la JEP.
Teniendo en cuenta que la hipótesis de laa Fiscalía era fuerte, basada en evidencias sólidas, la defensa de Gil Castillo efectuó presentó la solicitud de preacuerdo a la Fiscalía General de la Nación y en ella Gil acepta su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir contra la administración pública, eso sí, solicitó que se descartara su juzgamiento por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, petición que también fue aceptada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Fue una trampa
El preacuerdo fue tramitado por el abogado defensor del exsenador Gil, Gabriel Porras, quien detalló que la investigación que adelanta una sección delegada contra los delitos de la administración pública, de la Fiscalía General de la Nación, se estructuró en un principio como una trampa muy sólida, en la que incluso hubo participación de un señuelo, conocido ampliamente como agente provocador, quien ofrecía la suma de medio millón de dólares para que la JEP evitara mediante un auto judicial la eventual extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos.
Precisamente, el plan fue elaborado por agentes de la misma fiscalía con dineros del mismo ente investigador dentro de una investigación en la que pretendía desmantelarse una supuesta red de la que se tenía la sospecha que tramitaba por debajo de la mesa decisiones en la Justicia Especial para la Paz.
“Fue una trampa muy bien elaborada por parte del establecimiento, todo con el objetivo de minar la credibilidad en la Justicia Especial para la Paz. No es un secreto para nadie que el gobierno actual no está conforme con las negociaciones que se realizaron en La Habana, y así se puede evidenciar con las objeciones presentadas al documento y en ese contexto de críticas pues crearon toda una situación artificiosa para restarle credibilidad a la justicia transicional”, expresó el abogado defensor.
Así cayeron
Junto a Gil fue capturado el fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP Carlos Julián Bermeo Casas en momentos en que recibía 40 mil dólares, de una petición inicial de dos millones de dólares que se habían acordado para «incidir en el trámite de extradición», que para ese momento se efectuaba contra Santrich.
Sin embargo, Giovanny Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, señaló que esa dependencia, a la cual pertenecía Bermeo, no tiene “ninguna participación en los procesos en los que se estudian las solicitudes de garantía de no extradición” y que en el caso puntual de Santrich, “no ha desempeñado ningún rol, por lo tanto, no tiene ninguna injerencia sobre las decisiones que al respecto se lleguen a tomar por los magistrados que tienen conocimiento de ese caso”.
En otras palabras, Gil Castillo contactó a un funcionario de la JEP para evitar un trámite para el cual no estaba facultado, y mejor aún, que aún no había iniciado trámite en la JEP, como la negación o aprobación de esa u otra extradición.
Otro pesado de Santander
El político Luis Orlando Villamizar Gamboa es otra de los cuatro capturados en Bogotá en medio del operativo de la Fiscalía en el que también fueron capturados el exsenador santandereano, Luis Alberto Gil, el fiscal de la JEP, Carlos «JULIAN » Bermeo y Ana Cristina Solarte Burbano.
Villamizar tiene una relativa connotación en Santander pues se desempeñó como director comercial de la Lotería de Santander, en el período del exgobernador y actual senador Richard Aguilar.
Desde hace varios años ha estado vinculado con el partido Opción Ciudadana (antes Convergencia Ciudadana), y se conoce por ser un hombre cercano a Luis Alberto Gil.
Además, ha sido el creador de estrategias políticas para diferentes campañas de candidatos a cargos públicos.
Por ejemplo, fue el gerente de la campaña a la alcaldía de Bucaramanga de Celestino Mojica, quien aspiró por el partido Opción Ciudadana en 2011. También fue asistente de la esposa de Gil Doris Vega en el senado en 2017 e hizo campaña a la presidencia por Gustavo Petro.
Sin embargo, ninguno de ellos fueron incluidos en el preacuerdo que firmó el exsenador Gil en Bogotá y deberán afrontar el juicio penal hasta sus últimas instancias con el riesgo de enfrentarse a una condena que oscila, según el caso, entre los 8 y los 12 años de prisión.
