El gobierno nacional anunció que fijará por decreto el salario mínimo para el 2025, tras no lograrse un acuerdo entre las centrales obreras y los gremios empresariales en las últimas mesas de concertación. La decisión será comunicada oficialmente por el presidente Gustavo Petro este martes 24 de diciembre a la 1:30 p.m., en una rueda de prensa convocada desde la Casa de Nariño.
Las negociaciones estuvieron marcadas por diferencias significativas entre las partes. Las centrales obreras, lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), solicitaron un incremento del 12%, que llevaría el salario mínimo a $1.45 millones. Por su parte, los empresarios propusieron inicialmente un aumento del 5,2%, lo que equivaldría a un salario de $1.36 millones. Una oferta intermedia cercana al 7%, planteada por los gremios en la última reunión, tampoco fue aceptada por los representantes de los trabajadores.
Actualmente, el salario mínimo en Colombia es de $1.3 millones, con un subsidio de transporte de $162.000. El incremento de 2024, del 12%, fue aprobado en un contexto económico diferente, pero para este año las expectativas son más conservadoras. Según analistas, el aumento podría rondar entre el 6,2% y el 6,96%, dependiendo de las proyecciones de inflación y productividad. Esto situaría el nuevo salario entre $1.380.600 y $1.390.480.
El debate sobre el incremento salarial ha deslumbrado profundas tensiones entre las demandas de los trabajadores y las preocupaciones de los empresarios. Mientras que las centrales obreras insisten en que un aumento significativo es crucial para asegurar el poder adquisitivo de los colombianos, los gremios empresariales han alertado sobre las graves consecuencias que tendría un alza elevada en términos de empleo y estabilidad económica. La posibilidad de un aumento superior a la inflación, según los empresarios, podría desbordar los límites de la sostenibilidad económica del país y generar un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, además de potenciar la informalidad laboral.
Esto no solo implicaría un aumento en el salario mínimo, sino también un incremento en el costo de vida de todos los colombianos. Por eso, es necesario que el aumento del salario mínimo se mantenga alineado con la inflación, ya que sus repercusiones podrían generar grandes problemas tanto para los trabajadores como para los empresarios del país. Esta incertidumbre fomenta la desmotivación en la creación de empresas en un país donde el empresario no es escuchado y la clase obrera es oprimida. Por ello, es fundamental llegar a un punto medio en el que la calidad de vida de los colombianos no sea un juego político de los más poderosos de este país.
Entre menor sea el control económico del Estado, mayor será la concentración de riqueza en manos de los empresarios, pero también podría aumentarse la capacidad de oportunidades para los trabajadores con mejores beneficios, ya que un entorno económico más libre fomenta la inversión y la creación de empleo, generando una mayor calidad de vida en todos colombianos.
La decisión final del gobierno no solo será determinante para los más de 3 millones de colombianos que dependen del salario mínimo, sino que también marcará el rumbo del clima laboral y económico del próximo año. En este sentido, se espera que el decreto presidencial contemple medidas complementarias que busquen mitigar los posibles efectos adversos de un aumento desmesurado en los sectores más vulnerables de la economía. La incertidumbre en torno a esta decisión tiene a millones de colombianos esperando, con la esperanza de que se logre un equilibrio que favorezca tanto a los trabajadores como a la estabilidad del país.
