Sandra Ortiz, Exconsejera Presidencial para las Regiones, acaba de ser enviada a la cárcel por orden judicial en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).Con esta determinación, Ortiz es la más alta ficha política del gobierno de Gustavo Petro en ir a prisión por el escándalo. La decisión de enviarla a prisión mientras avanza las investigaciones de la Fiscalía en su contra, imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias es una de lasd peor3es deshonras del gobierno nacional.
En esa misma audiencia, solicitó una intervención y pidió a la juez poder defender su inocencia en libertad. “He vivido el infierno más grande por no haber aceptado un principio de oportunidad”, declaró la exconsejera, que según ella compromete ‘su dignidad’. En esa ocasión, Ortiz declaró que irá hasta las últimas consecuencias, porque asegura ser “una mujer inocente de todos los delitos que me están acusando”. El abogado de Sandra Ortiz, Oswaldo Medina, afirmó que su clienta habría sido presionada por la Fiscalía para aceptar un preacuerdo y que estaría siendo utilizada para implicar en el escándalo al presidente Gustavo Petro en el caso.
Según Medina, se le ofreció un principio de oportunidad sin aclarar los delitos específicos a los que este aplicaría. Además, señala que a su clienta le indicaron que debía aceptar el principio en un plazo de tres días, de lo contrario procederían con la radicación de un escrito de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, como finalmente decidido el Juzgado de Bogotá. Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, rechazó estas afirmaciones y negó que se hayan ejercido presiones indebidas sobre Ortiz durante el proceso.
La Fiscalía busca demostrar ante el Juzgado 03 de Control de Garantías que Sandra Ortiz desempeñó un papel determinante en el esquema de corrupción de la Ungrd. Según las investigaciones, Sandra Ortiz habría facilitado sobornos a congresistas a través de contratos inflados, con el objetivo de favorecer las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Los recursos para los sobornos habrían provenido de un sobrecosto de $14.000 millones en un contrato para llevar 40 carrotanques de agua a La Guajira. Según la Fiscalía, las negociaciones comenzaron el 21 de septiembre de 2023 en la Casa de Nariño, antes de un consejo de ministros.
