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Judicial

Detalles del escándalo de esclavitud sexual en un colegio de Charalá

profe

 

Con la captura de la exrectora de un colegio charaleño y de su esposo, tras comprobarse que facilitaron a que al menos 12 niñas fueran víctimas de esclavitud sexual a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se revela uno de los grandes escándalos que se puedan dar en Santander.
Se trata de una investigación, entre los años 2001 y 2003, contra Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, exrectora del colegio Nuestra Señora del Rosario, del corregimiento Riachuelo y su esposo, Luis María Moreno Santos, exconcejal de Charalá, éste último también habría facilitado el reclutamiento ilegal de niños del mismo colegio. La Fiscalía también vinculó a la exinspectora de Policía del corregimiento de Sincelada, Luz Marina Eslava.
Ya la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía reveló que indaga a 14 exintegrantes de la Autodefensas, entre ellos Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’, sobre quienes el ente acusador determinará si no dijeron toda la verdad en Justicia y Paz, respecto a la presunta existencia de una red de esclavitud sexual en el colegio.
El subdirector nacional de la Unidad de Análisis y Contexto (Dinac), Leonardo Cabana, aseguró que sobre estos casos de explotación de menores, existen 25 denuncias sustentadas de presuntas víctimas para ese tiempo.
“Se gestó una presunta alianza entre la rectora del colegio, el exconcejal, e integrantes de las AUC, para cometer los abusos, dentro del colegio. Los niños eran llamados a la rectoría y eran dejados en poder de las Autodefensas”, manifestó el investigador a cargo.

Detalles de la investigación

La entonces rectora del colegio de Charalá, junto a su esposo se hacían pasar por organizadores de eventos, permitiendo que las AUC financiaran bazares y reinados, para persuadir a las niñas del colegio a participar, con el fin de que el comandante escogiera las que iban a ser víctimas de graves abusos sexuales.
La Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía fue encontrando que los hechos ocurrieron para la época en que el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas hacía presencia en la región, con el frente Comuneros Cacique Guanentá, comandado por Rodrigo Pérez Álzate, alias ‘Julián Bolívar’; Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’, y el comandante general del Frente José Danilo Moreno Camelo, alias ‘Alfonso’. Se presume que en ese entonces el jefe ‘político’ del bloque paramilitar en la zona era Luis Fernando Martínez, conocido con el alias de ‘Pedro’ y quien fue capturado el pasado 11 de marzo.
Por esos hechos, la señora Gutiérrez de Moreno es sindicada de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual, desplazamiento forzado, acto sexual abusivo y reclutamiento ilícito, que dieron pie para que la Fiscalía emitiera una orden de captura en su contra.
De esa manera la retención se logró el pasado sábado, 9 de abril, en Bucaramanga, por agentes del CTI, según lo informó el director nacional de Análisis de la Fiscalía, Juan Pablo Hinestrosa, quien afirmó que en el momento tienen identificadas a 12 menores víctimas de este comportamiento criminal.
“Los paramilitares tenían acceso al colegio según lo que nos han dicho los testigos y cuando comenzó el acercamiento de los mismos a la población civil, se enfocó en las niñas para ejercer abuso sexual. Tenemos 12 niñas víctimas”, dijo Hinestrosa.
La Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que realicen denuncias alrededor de esta captura, con el fin de que se conozca otros casos relacionados, si los hay, donde haya habido más víctimas de estos hechos.

Según el funcionario, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía estudiará si los 14 desmovilizados mencionaron toda la verdad en sus declaraciones rendidas ante el Tribunal, y en caso de encontrar irregularidades, el ente acusador podría solicitar la exclusión de la justicia alternativa.

Tambien la Dinac analiza si se presentaron omisiones, por parte de las autoridades del sector y de la Fuerza Pública.

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