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El debate sobre una amnistía general, propuesta por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, apenas comienza
Es tanta la violencia que ha padecido Colombia en los doscientos doce (212) años de vida independiente, que un grupo de abogados penalistas están trabajando sobre un proyecto de ‘Ley de Amnistía General’, con borrón y cuenta nueva frente a los procesos penales que se tramitan en la jurisdicción ordinaria y en la ‘Jurisdicción Especial para la Paz’.
En varias ocasiones se ha propuesto un ‘nuevo partidor moral’, para limpiar la hoja de vida de miles de personas sindicadas, investigadas, encarceladas y/o condenadas por diversas formas de violencia.
¿Qué puede esperar un campesino que el fin de semana, día de descanso en su vereda o en la ciudad, se enfrenta a un conflicto callejero por la influencia de bebidas alcohólicas y termina condenado a varios años de prisión? Algunos exparlamentarios, expertos en derecho penal, han elaborado y presentado proyectos de ley que no han tenido suerte para su aprobación definitiva.
Las cárceles de Colombia están colapsadas, con una población carcelaria de ciento treinta mil (130.000) personas que cayeron en desgracia por las circunstancias inesperadas en sus vidas; por el desafío de unos vecinos agresivos y temperamentales, por un problema de linderos, por el mal temperamento de sus contradictores, que se resuelven y se agravan en una refriega inesperada, al calor de bebidas alcohólicas.
Largos años de prisión, que podrían redimirse con mayor trabajo y estudio, no tienen escenarios para la resocialización, sino más bien, escuelas del crimen, donde la inocencia del campesino y del ciudadano de bien lo transforma en un delincuente peligroso para la sociedad, porque en la mayoría de los casos, las cárceles no tienen fincas productivas y talleres industriales, para desarrollar las políticas de redención de penas contempladas en el Código Nacional Penitenciario.
En la primera Constitución Política del antiguo Estado Soberano de Santander, los condenados estaban obligados a trabajar en la construcción y mantenimiento de caminos y carreteras, en actividades productivas como las artesanías, la zapatería, la ornamentación, la fabricación de muebles y artículos para el hogar, el aseo y limpieza de parques, calles y avenidas de ciudades y pueblos, donde contribuían con su trabajo al desarrollo de las obras públicas.
Existían las colonias penales, una de ellas en el mar Pacífico y otra llamada Araracuara, en los Llanos Orientales, donde estaban confinados los criminales más peligrosos del país, muchos de los cuales tenían que trabajar en zonas selváticas, donde tenían que enfrentarse a las fieras y a la manigua. Las penas privativas de la libertad eran reales, pero nunca superaban los diez años de prisión.
El trabajo productivo era la única manera de redimir penas. El mecato para la alimentación de la población carcelaria, tenían que prepararlo en las cocinas de las cárceles del país. Nada era gratuito para el delincuente, ni para el condenado, que ahora disfruta de zonas de confort en algunos centros penitenciarios.
Muchos reclusos que tuvieron un revés en sus vidas, permanecen ociosos, compartiendo escenarios con ladrones y estafadores, con criminales de baja estofa, en la mayoría de los casos reincidentes, debido a la falta de oportunidades y a la mala educación que recibieron en sus hogares.
El debate sobre una amnistía general, propuesta por el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, apenas comienza, porque habría que pensar en la justificación real de una medida transcendental, para reducir al mínimo la población carcelaria, bajo la justificación del trabajo productivo y extramural, que debería reglamentarse bajo la vigilancia especial de la Policía y de la Guardia Penitenciaria.
