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Judicial

El oro prendió la mecha del cartel de los explosivos

Los delincuentes borran el número serial de las barras de Indugel, evitando así que se rastree la venta inicial.

Indugel, el cordón detonante, la mecha lenta y los detonadores (estopines) se comercian de manera clandestina por un valor hasta cinco veces superior al precio real.

Esto sucede pese a los exigentes trámites que las autoridades imponen al negocio, lo que demuestra el grado de sofisticación de los traficantes, pues por debajo de la vigilancia de entes administrativos y militares están moviendo grandes cantidades de Indugel, una sustancia gelatinosa fabricada por Indumil, destinada a la explotación minera, demoliciones y obras civiles.

En lo que va de este año, el Ejército ha decomisado 3 toneladas en Antioquia y la Policía 4.5, para un total de 7,5 toneladas; significa que, en promedio, cada día se incautan 51,7 kilos de este agente explosivo, que por ley solo pueden comprar a las brigadas las empresas formales que tienen título minero o las de ingeniería que cuentan con permisos legales. ¿Entonces, cómo es que llega a manos de los mineros informales y las bandas criminales? Monopolio del terror

El 14/9/16 un pelotón detuvo a dos hombres en la vereda Tinajitas, de Buriticá. El arriero Jorge Durango y el minero Harold Quintero transportaban, a lomo de mulas, 1.600 barras de Indugel, 2.000 metros de mecha y 100 detonadores, sin permisos legales. Con esa cantidad, según el informe de los militares, podían excavar hasta 1.200 metros de túnel en una bocamina.

Con base en los seriales con los que están marcados estos elementos, los investigadores repasaron la trazabilidad y determinaron que originalmente fueron vendidos a una empresa de minería formal del municipio de Remedios, el 22/6/16.

El expediente de la Fiscalía indica que “personas que tienen título minero adquieren el explosivo en Indumil y en ocasiones lo revenden de manera ilícita a otros mineros que no tienen ni permiso de explotación ni contratos de cesión de explosivos. Situación que ha generado el control y comercialización de los explosivos por los grupos criminales, dada su gran rentabilidad, entre ellos el ‘Clan del Golfo’”. El 12 de noviembre siguiente, en una casa del mismo minero Harold Quintero, en el corregimiento Cativo de Santa Fe de Antioquia, la Policía encontró 1.2 toneladas de Indugel y 13.800 metros de mecha lenta. Esta vez les habían borrado el serial, por lo que no fue posible verificar la trazabilidad.

Los descubrimientos continuaron en enero. El día 14, en la finca Playa Rica de Segovia, capturaron a Alberto Botero y Ferney Pérez, con 2.7 toneladas de Indugel, 500 metros de mecha y 3.700 estopines. Les encontraron elementos para borrar seriales: una lámpara fluorescente, para ver las marcaciones “invisibles”, y un cautín, con el que se queman los números, en una riesgosa operación que podría estallar el material.

Y el día 28 en la vereda El Pinguro, de Giraldo, las tropas llegaron a otra guarida, donde en 25 canecas enterradas había 1.6 toneladas del explosivo.

Para las autoridades, los citados hallazgos están relacionados con las actividades de la banda “los Urabeños”, también llamada “Clan del Golfo”, que además de narcotraficar delinque en las regiones con yacimientos auríferos. Según investigadores judiciales, desde hace una década cobra a los mineros el 10% de su producción (a esta vacuna le dicen “diezmo”), extorsiona a cada contratista de la obra, cobra por cada máquina, por vigilancia ilegal y hasta exige participación en la sociedad minera, lo que en el argot se denomina “puestos”. Fernely Guevara Pérez (“Manuel”), un cabecilla de la facción en el Nordeste, detenido el año pasado, tenía 12 puestos en minas.

No contentos con este botín, están incursionando en el monopolio del tráfico de explosivos. Por un lado, “vacunan” a los revendedores de este insumo, y por el otro, obligan a los mineros informales o a los “machuqueros” (ladrones de minas) a comprarles únicamente en sus sitios de acopio –bodegas artesanales en el monte-, con los precios fijados por ellos.

Los investigadores conocieron esa contabilidad por datos obtenidos en los operativos de Santa Fe de Antioquia y Segovia. En estas acciones decomisaron cuadernos que registraban reventas a 60 empresas mineras, con ganancias superiores a los $1.000 millones mensuales.

En el mercado negro, la unidad mínima de venta suele ser una “mano”, que consta de 154 barras de Indugel, dos rollos de mecha (500 metros) y dos cajas de detonadores (200 unidades). Cada “mano” los delincuentes la venden a $4’200.000, mientras que en el comercio legal esa cantidad cuesta $750.000 (exceden el precio 5.6 veces más).

“Estos grupos monopolizan ese material. Quien no les compre es expulsado de la región. Los pequeños mineros informales también somos víctimas de ese tráfico ilegal”, indica Rubén Gómez, secretario General de Conalminercol, la agremiación de pequeños y medianos mineros, y de los que están en proceso de formalización.

¿Dónde está la fuga?

Las investigaciones están dispersas en múltiples despachos judiciales, enfocados en la lucha contra las bandas, el terrorismo y el medio ambiente. Hasta ahora no hay ningún traficante o broker (comisionista) detenido, tan solo han arrestado a los transportistas y personas sorprendidas con mercancía; la Policía ha capturado a 47 este año.

La pregunta del millón es: ¿en qué momento de la transacción legal se desvían estos insumos hacia manos ilegales?

“Ese tema es vedado, se maneja con absoluta discrecionalidad”, comenta el asesor jurídico minero Alexánder Restrepo. Y añade: “me genera inquietud que las empresas legales tienen gran dificultad para adquirir ese material, los controles de las Fuerzas Militares son muy amplios, tiene que haber una fuga interna o externa muy eficiente, porque los controles que tienen que evadir son altos”.

Entre las teorías de la Fiscalía, apenas en etapa de indagación, figura que al parecer hay mineros legales, con autorización para comprar el explosivo, que revenden excedentes y falsifican la contabilidad. En otros casos, quienes hacen la reventa son firmas subcontratadas para la explotación, que obtienen el insumo del contratista principal; también se analizan episodios de venta legal a mineros cuyo socavón no está en funcionamiento, y otros en los que compañías sancionadas cambian de razón social para seguir comprando con nueva fachada.

El coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía Antioquia, dice que “hay empresas dedicadas a obras civiles que compran explosivos, no puedo dar nombres, y por falta de control, o por lo que sea, se les pierde, o hay más cantidad de lo requerido y esos excedentes llegan al mercado negro”.

Según él, 80% del material decomisado iba destinado a minería ilegal y el resto a actividades terroristas. Otra modalidad involucra a servidores públicos encargados de destruir lo incautado. El pasado 22 de febrero fue capturado el patrullero Ferley Cardona Cortés, de la Sijín de Antioquia, con el civil Diego Viana López. En un allanamiento a una casa del barrio El Volador de Medellín, les incautaron 288 cartuchos de Indugel, cuatro rollos de mecha, 3.700 detonadores, dos revólveres y 11 granadas. Los explosivos decomisados al policía provenían de las 2.7 toneladas incautadas en Segovia, de las cuales las autoridades destruyeron un lote el día anterior en Guarne.

No es la primera vez que un miembro de la Fuerza Pública es investigado por desvíos de recursos similares. En 2014, el Grupo de Acción para la Transparencia del MinDefensa abrió un proceso disciplinario contra 19 integrantes de la Cuarta Brigada, presuntamente involucrados en el desvío de dineros que las compañías pagan por la escolta militar al transporte de explosivos. Diez funcionarios fueron relevados del cargo. Las indagaciones también apuntaban a averiguar qué pasó con 2.156 barras de Indugel adquiridas por Continental Gold, que estaban almacenadas en el batallón Pedro Nel Ospina y se perdieron.

De las diferentes modalidades de abastecimiento del mercado negro, la menos común es el robo en los polvorines de las minas, como solían hacerlo las Farc en la década pasada. Fiscales e investigadores consultados por este diario señalan que no conocen denuncias actuales sobre ese delito en la región.

“Eso no es rutinario – opina el abogado Restrepo -, más bien se dan ‘desangres’ antes que robos, más que todo en pequeñas y medianas empresas. Usurpan remanentes del 5% o 10%, cosa que no afecten mucho los inventarios. O pueden ser imposiciones de bandas, que fijen el pago de la extorsión con explosivos (lo que nadie denuncia)”

 

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