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‘El perdón social’, como una herramienta para reducir la población carcelaria, sería una solución.
Aunque pueda parecer absurda la propuesta del presidente electo Gustavo Petro Urrego, de tramitar ante las cámaras legislativas un proceso de sometimiento a la justicia para los grupos guerrilleros del ELN y para las disidencias de las FARC, mientras de otro lado implementan otra mesa de diálogo con voceros del narcotráfico y de la delincuencia extrema como el ‘Clan del Golfo’, Colombia tiene que pensar en un proceso de resocialización efectiva de la población carcelaria, diferente al sistema tradicional de encerrar por años a los que cometen delitos menores, como la inasistencia alimentaria que ha colocado tras las rejas a miles de ciudadanos desempleados que, por ejemplo, no pudieron conseguir empleo para garantizar su propia subsistencia.
Que hace el estado colombiano con ciento treinta mil personas recluidas en las cárceles, que carecen de espacio para las actividades productivas como la agricultura, la ganadería y el funcionamiento de talleres de mecánica y carpintería, sosteniendo una nómina gigantesca de guardianes y personal administrativo, sicólogos, médicos, maestros de obra, cuando el área productiva de las cárceles ni siquiera alcanza para alojar a los procesados, que pasan años esperando que un juez de penas les conceda el derecho a la libertad.
Hace varios años, las personas condenadas por la justicia, tenían la obligación de trabajar para ayudar a su propio sostenimiento y al de sus familias. Los guardias de seguridad los llevaban a trabajar en el mantenimiento de caminos y carreteras de las respectivas administraciones municipales.
El proceso de resocialización en las cárceles del país, es una farsa. Los prisioneros viven confinados en pequeños cuartos, donde el hacinamiento es inhumano. ¡A muchos de ellos, los médicos les tienen que autorizar la dosis mínima de la marihuana!
Porque el recluso sufre por la pérdida de su libertad, especialmente cuando se trata de campesinos que salieron de su estancia a la ciudad y se enfrentaron en una riña callejera, con saldo trágico y no tienen recursos económicos para pagar costosos abogados que los liberen del cautiverio.
En la antigua constitución política del Estado Soberano de Santander, las penas máximas EFECTIVAS eran de diez y quince años para los avezados criminales. Existían las colonias penales a donde confinaban a los peores delincuentes.
Los jueces de penas deberían tener mayores herramientas jurídicas para contribuir a la descongestión de las cárceles. El gobierno saliente, del presidente Iván Duque Márquez y su ministro de justicia, Wilson Ruiz Orejuela, realizaron obras de cemento para la ampliación y dotación de las cárceles del país, pero no definieron una política de resocialización mediante el trabajo en los talleres de carpintería y ornamentación; en las granjas dedicadas a la agricultura, habiendo en cada municipio esa oportunidad.
Antiguas contravenciones relacionadas, por ejemplo, con errores administrativos de los funcionarios públicos en la adquisición de bienes y servicios para las respectivas administraciones municipales, que anteriormente se castigaban con multas sucesivas a favor del erario público, se convirtieron en delitos dentro del oleaje de la ‘Lucha contra la corrupción’.
Un alcalde que le suministró gasolina a unos vehículos de la Policía Nacional el día de las elecciones, fue condenado en Santander a seis años de prisión, sentencia confirmada por el Tribunal de San Gil y ninguno de los jueces de penas se atreve a conceder el beneficio de la ‘detención domiciliaria’ porque, supuestamente, se violaron normas fiscales de carácter permanente, que tienen ahora una nueva dosimetría penal. ‘El perdón social’, como una herramienta para reducir la población carcelaria, sería una solución.
