El saqueo no ha terminado, el pueblo paga por todo, hasta por su propia miseria

Causa gran tristeza y además duele en el corazón saber cómo el patrimonio construido con tanto esfuerzo por los colombianos es “desmembrado” y “carcomido” a tal punto que llegamos a apreciar que la corrupción es “paisaje”. Hoy se nos volvió popular hablar de las “ollas raspadas”, de que no hay presupuesto y peor aún que debemos suplir a través de nuevos impuestos los desfalcos fiscales y financieros del Estado a causa de las malas administraciones con los privados y el saqueo de botín de los inversionistas extranjeros, además del “hambre” y la pasión por el dinero del que se hostigan gerentes, miembros de juntas y socios capitalistas.

Como aves de rapiña e inmersos en Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos, basados en el artículo 365 de la Constitución Nacional de 1991 comenzó una “moda” del gasto de administrar con sobrecostos, elevados estudios para determinar cosas que los ancestros resolverían de forma simple, contratación sobre contratación, tercerización, privatización y el pago de la larga cadena burocrática en la toma de decisiones terminan volviendo al Estado incompetente y negligente, por lo que no vemos en la penosa situación desesperada de vender las mejores empresas generadoras y prestadoras a extranjeros pensando que lo van a hacer mejor que nosotros y que sus modelos europeos e intercontinentales traerán la solución definitiva a problemas como los vividos con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

Tal es el caso por desventura para más de 10 millones de habitantes que deben sobrevivir a los tiempos de mayoritarios extranjeros como Electricaribe, Triple A y tratar de ocultarse de las “garras” de los Españoles de Inassa que poseen el 82,16% de las acciones de Triple A. Es bochornoso que empresas que sentimos propias pero que realmente no lo son, que se deben al pueblo y que deben servir al pueblo, por el contrario, se absorban su esfuerzo, su trabajo, su empeño y su desarrollo, llevándose el “oro” empacando el botín, maquinando el saqueo como en tiempos “pasados” a cambio de “espejitos” que son los paños de agua tibia como las deshonrosas inversiones en infraestructura e inversión pública, pésima prestación del servicio de energía y de agua potable que sería al menos lo mínimo vital y  burlándose del Estado, sometiéndolo con sus monopolios a una serie de peticiones y reclamaciones absurdas para no perder en los procesos de intervención que la Superservicios les lleva a cabo, obligando a los mismos usuarios atropellados a pagar más por salir de su propia crisis.

Entre los escándalos públicos que llevan estas multinacionales vestidas de “criollos” están la audiencia pública que le harán en Barranquilla el 1 de diciembre las bancadas del Senado a Electricaribe por los desfalcos multimillonarios de casi 217.000 millones de pesos en la aplicación de subsidios Foes para los sectores más vulnerables y por más de 100.000 millones de pesos en programas de normalización de redes y electrificación, “limitación de suministros de energía” en más de 50 veces; casos ya llevados por la Contraloría General quien en auditoría halló usó indebidamente 78.500 millones de pesos que le había girado el Gobierno, dinero que debía ser destinado para subsidiar los servicios de energía de 600.000 usuarios de estratos bajos, además de encontró esas irregularidades en 16 millones de los documentos estudiados que fueron destinados ilegalmente en disminuir sus propias perdidas.

Pero no solo los “cuervos” extranjeros buscan comer en platos hondos, sino que los mismos compatriotas hacen perfecto el papel de “gallinazos” tras las sobras, pues el pasado 13 de noviembre la Procuraduría inhabilitó y multó a dos exgerentes de Triple A por el desfalco y desvío de 17.850 millones de pesos de recursos públicos hacia terceros que involucrarían miembros de la junta directiva, de la administración local y políticos que “sobrevolaron” esperando un “pedazo” y que corresponden a lo que dejó de percibir Barranquilla, buscando que no saliera a flote. De los cuales 10.624 millones son de regalías por el uso de la empresa de la infraestructura de la ciudad y 7.240 millones por cuenta de las utilidades que le corresponden a la ciudad por el 14,5% de participación en la propiedad de Triple A.

De todo esto podemos concluir que la corrupción ha tocado todas las instancias público privadas y que no se ve “amanecer” en los tiempos modernos hacia formas de asimilación de valores, ética y moral con verdad. Solo el pueblo y las comunidades organizadas como Confevocoltics con el poder del conocimiento y el aval de la Constitución pueden acabar con la colonización cultural del despilfarro al erario público, al patrimonio, los recursos sociales, financieros y naturales. El saqueo no ha terminado, ni por invasores externos, ni por caudillos oficiales promoviendo una nueva forma de esclavitud donde el pueblo paga por todo, hasta por su propia miseria.

Columnista Invitada : Damaris Centeno Morales