El sueño de la paz para todos los colombianos se perdió en los laberintos de la historia legislativa del país

Cuando se aprobó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y se produjo la ruptura del orden jurídico establecido para elaborar una nueva carta de derechos, el expresidente César Gaviria Trujillo dispuso la revocatoria del Congreso de la República, que había sido elegido en 1990 para un periodo de cuatro años y que se negaba a decretar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos, por la fuerte presión que ejercieron los carteles del narcotráfico, encabezados por Pablo Emilio Escobar Gaviria en el departamento de Antioquia y por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela en la región del Valle del Cauca.

Eran tiempos de inusitada violencia, especialmente en la ciudad de Medellín, donde el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria había declarado la guerra contra el gobierno y contra Colombia, asesinando magistrados, jueces y personal uniformado del Ejército y la Policía.

El expresidente Cesar Gaviria había accedido a crear la ‘Cárcel de la Catedral’, en el municipio antioqueño de Itagüí para complacer a los narcotraficantes que se entregaran a la justicia. Ese centro de reclusión se convirtió en centro de francachelas y de negocios del narcotráfico, donde la mafia continuaba realizando negocios ilícitos y ejecutando crímenes, bajo la complicidad de la guardia penitenciaria.

El sacerdote Rafael García Herreros, director de la ‘Obra del Minuto de Dios’, había intervenido para la entrega y rendición de las bandas criminales del narcotráfico, convirtiéndose en protagonista de la historia para salvar a Colombia de la violencia terrorista que se había desatado para doblegar al gobierno nacional, que tenía y sigue teniendo compromisos internacionales para acabar con los cultivos ilícitos.

Esa guerra no ha terminado a pesar del último proceso de paz con las guerrillas de las FARC, que ha sido el más costoso del mundo y donde el expresidente Juan Manuel Santos, violando la nueva Constitución Nacional que había sido promulgada el 5 de julio de 1991, con bombos y platillos como la panacea de la reconciliación nacional.

Se creía que la nueva Constitución Nacional de 1991 sería la plataforma para conseguir la felicidad del pueblo colombiano, treinta años después de su promulgación, encontramos que fueron creados nuevos derechos ciudadanos, entre ellos el ‘derecho de tutela’ par controvertir las sentencias de los jueces y para conseguir el reconocimiento de derechos que anteriormente no tenían respaldo jurídico en el país.

Sin embargo, esa nueva carta de derechos abrió las puertas y ventanas hacia la desintegración de los partidos históricos para entrar a una nueva era de la vida nacional, donde actualmente padecemos las consecuencias de múltiples normas que crearon privilegios para los pobres, para los destechados y para los estudiantes universitarios, que han colocado al gobierno contra la pared, porque no existen las fuentes de financiación para atender, con recursos del presupuesto nacional, estos beneficios.

El Congreso de la República, que está compuesto por representantes y senadores de catorce partidos políticos, creados a la sombra de la nueva CARTA DE DERECHOS, se niega a reformarse y se convirtió, a la sombra de la Constitución Nacional de 1991, en el escenario de inconfesables y costosos privilegios, que debilitan la imagen de las instituciones públicas.

Padecemos una ‘democracia comprada’ y una CORRUPCIÓN GALOPANTE, donde las mafias de contratistas, de narcotraficantes y de grupos guerrilleros, aparentemente desmovilizados, han provocado un estado de anarquía, que presagia nuevos VIENTOS DE GUERRA.