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Esto son los baldíos que tiene en líos a Uribe, Iragorri, Lizarralde y Sarmiento Angulo

La Contraloría General de la República puso a rodar una información que puso a varios políticos con pelos de punta. El ente de control fiscal le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras que adelante acciones judiciales para anular ventas de baldíos en los casos en que se verifique acumulación indebida.

 

La Contraloría se refiere a casos como el del expresidente Álvaro Uribe, familiares del ministro de Agricultura Aurelio Iragorri y familiares de su antecesor Rubén Darío Lizarralde, entre otros nombres de su lista que aparecen en la lista.

La solicitud se deriva de investigación que llevó y que terminó demarcando 33 casos de supuesta acumulación irregular de predios de origen baldío, que equivalen a 322 predios y que concentran poco más de 123.482.89 hectáreas.

Los resultados de esa investigación ya fueron trasladados a la Fiscalía y a la Procuraduría para que determinen si existe responsabilidad penal o disciplinaria por parte de los funcionarios y particulares que aparecen asociados a cada uno de los casos.

Frente a las propiedades del expresidente Uribe, la Contraloría relaciona 11 predios de una extensión de 103 hectáreas a nombre de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo.

Pero el tema de los baldíos también fueron revelados nombres como Cerro Matoso, con 223 hectáreas divididas en cinco predios; la familia del ministro Aurelio Iragorri, con 3.816 hectáreas en tres predios; la organización Pajonales de Luis Carlos Sarmiento Angulo con 22.834 hectáreas en 21 predios y el exministro Rubén Darío Lizarralde con 5.064 hectáreas en cuatro predios.

 

Para la Contraloría “es reprochable” la violación de los topes establecidos en la ley, como son las 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que están orientados a promover la función social de la propiedad y a evitar la concentración de la misma.

Esto quiere decir que la Ley 160 prohíbe expresamente conformar latifundios con tierra pública a través de la acumulación de baldíos porque se contraviene la esencia de la norma, que es darle tierra a quien menos tiene.

“Una vez el Estado adjudica los baldíos, estos salen del patrimonio de la Nación y pasan a formar parte del dominio privado del adjudicatario. A partir de allí, los actos negociables son de carácter privado y escapan al ámbito de acción de este organismo de control, salvo que un juez anule las compraventas por encontrar probada la ‘mala fe‘ de los terceros adquirientes”, dijo el ente de control en un comunicado.

Por eso le pidió a la Agencia Nacional de Tierras tomar acciones para revertir esa acumulación. Ahora se espera que dicho despacho empiece a hacer un estudio de títulos para cada uno de los 33 casos. Solo así se podrá evidenciar si existen o no dos o más adjudicaciones de baldíos a las personas anteriormente mencionadas.

Se detalla en el informe que esta decisión se toma luego de valorar los informes presentados por la Contraloría Delegada del sector agropecuario en los años 2013, 2014 y 2015, sobre 33 casos referentes a 322 predios ubicados en los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia.

De los 43 casos que entraron a análisis de la Dirección de Vigilancia Fiscal, aún queda por resolver la situación de 10, que concentran 183 predios, que equivalen a 199.871.43 hectáreas.

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