El Gobierno colombiano discute si reconocer o no a esta insurgencia como actor político, porque no ha conseguido que el ELN deje su accionar criminal y la ley de orden público lo facultó para calificar nuevamente a los grupos armados.
Desde que se instaló la mesa de negociación con el ELN, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el proceso ha sido accidentado y sin mayores avances.
Con la llegada de Iván Duque al poder no se cerró la puerta, pero hubo condiciones claras: entregar a los secuestrados y dejar los actos terroristas. Ahora, que esta guerrilla se atribuyó el derribo del helicóptero en el Catatumbo y el secuestro de los tres tripulantes, recibieron un ultimátum que además promete cerrar cualquier tipo de negociación futura.
Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, aseguró que en un mes el Consejo de Seguridad Nacional definirá el estatus de esa organización y determinará si es un grupo armado al margen de la ley o un grupo armado organizado.
ELN y su decisión urgente
“Con conductas como el secuestro, el ELN aleja cada vez más la posibilidad para que el Gobierno pueda sentarse a negociar, porque son conductas que de ninguna manera tienen relación con un conflicto, que tenga inspiración en la rebelión y en el cambio político de un país”, dijo.
Y agregó que la guerrilla debe tomar una decisión ética y política de manera urgente, para definir si es un grupo que quiere dejar las armas. “El reloj corre en contra del ELN”, expresó a manera de ultimátum.
Hay que tener en cuenta que, como explicó la representante a la Cámara Juanita Goebertus, el Gobierno solo puede adelantar negociaciones de paz con grupos armados al margen de la ley porque su nivel de organización y de hostilidad amerita a que tomen la decisión de negociar, “la ley no habla de un estatus político”, que es lo que el alto comisionado quiere hacer creer.
Para el analista del conflicto armado Carlos Arturo Velandia, el fin de la mesa de diálogos está marcado, “las cosas están en un punto donde cada cual dibujó sus rayas rojas y no están dispuestos a cruzarlas, no veo que ninguno esté en condición de ceder, el escenario más probable es que se dé la ruptura de la mesa de diálogos con el ELN”.
¿Era el plan del Gobierno?
Desde que el presidente Iván Duque se posesionó puso contra las cuerdas a la guerrilla al condicionar cualquier tipo de negociación. Esa es una premisa que el Ejecutivo ha cumplido a rajatabla a pesar de los coqueteos de la insurgencia que, de un momento otro y sin aviso libera a un secuestrado, o declara un cese el fuego unilateral, pero el Gobierno insiste que “no es suficiente”.
En cambio ha reforzado la presión para que los países que supuestamente protegen a los máximos jefes guerrilleros (Cuba y Venezuela) los entreguen a Interpol para que regresen a Colombia a responder ante la justicia.
Nada de eso es gratuito. El profesor Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional, explicó que durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, todas las guerrillas eran consideradas terroristas y aquí está instalada esa idea de que con el terrorismo no se negocia.
Velandia, por su parte, agregó que “el gobierno ha desarrollado una política en materia de paz que viene desde la época de la oposición del Centro Democrático y desde el discurso del candidato Iván Duque. Esta posición tiene mucho que ver con lo que él planteo desde la campaña”.
