Gobierno suspende extradición de colombianos hacia Estados Unidos. En su visita a El Tarra, el presidente Gustavo Petro lanzó la idea de instalar en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, la primera ASAMBLEA COCALERA en el país, idea que va de la mano con su iniciativa de que esa región, afectada por el conflicto armado, sea el centro de los procesos de paz.
La propuesta de realizar una asamblea es jurídicamente viable, pues no habría impedimento jurídico alguno que frene al Gobierno para sentarse a hablar sobre un cultivo ilícito que las comunidades indígenas consideran como ‘la planta sagrada de la humanidad’.
El tema no es ajeno al presidente Petro, quien anunció que la intención es “mostrarle a este gobierno los caminos, las políticas públicas, los senderos que nos permitan lograr que una familia campesina, que hoy se dedique a la hoja de coca y a la producción de la pasta de coca, pueda sustituir esto por una actividad económica que le garantice más calidad de vida”.
El abogado Marlon Fernando Díaz cree que la asamblea cocalera es jurídicamente viable, pues los campesinos no son narcotraficantes y “lo que se busca son alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos, que es una problemática social y un problema universal“. Indicó que el sustento legal está en el acuerdo de paz que otorgó al ejecutivo la facultad legislativa extraordinaria para expedir decretos con fuerza de ley, orientadas a la implementación del Acuerdo Final.
Según expertos, esta política está a cargo de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos adscrita a la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y que el programa tiene por objeto “promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito”.