Gustavo Petro Urrego, llevará a consideración del Congreso de la República una escalofriante reforma tributaria, confiscatoria del derecho a la propiedad, una forma sutil de expropiar la gente

Para aumentar en cincuenta billones de pesos el recaudo de las rentas de la nación, el gobierno del entrante presidente electo Gustavo Petro Urrego, llevará a consideración del Congreso de la República una escalofriante reforma tributaria, confiscatoria del derecho a la propiedad, para establecer unos subsidios permanentes a las personas de la tercera edad que no alcanzaron a pensionarse en Colombia, para aumentar los multimillonarios subsidios a las poblaciones indígenas y para otros menesteres de la nueva política oficial.

Contraria a la realidad económica del país, la nueva reforma tributaria eliminará los beneficios que tienen las empresas productivas para garantizar la estabilidad de los empleados y trabajadores. También se creará un nuevo impuesto al patrimonio y especialmente a los ‘ACTIVOS IMPRODUCTIVOS’ como lotes de engorde y fincas campesinas que se encuentren deshabitadas por culpa de la violencia que ha provocado el desarraigo de millares de familias campesinas. Los subsidios a los combustibles que se consumen en Colombia serían desmontados gradualmente, con graves efectos para la industria el transporte.

Con esa ‘papa caliente’, el nuevo gobierno entregará al Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) la responsabilidad de aprobar los nuevos tributos, que tendrán profundos efectos sobre la propiedad privada. Los parlamentarios del denominado ‘Pacto Histórico’, que representan la fuerza política del nuevo presidente de Colombia y los congresistas del Partido Verde, son pilares de la nueva coalición de gobierno que respaldará las acciones y decisiones del presidente Petro.

Según los expertos en derecho tributario, lo que viene es una avalancha de impuestos contra la propiedad privada, que tocará igualmente las rentas del petróleo, los tributos de los minerales extractivos, muy superior en sus alcances a la pasada reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla Barrera, que pretendía colocarle impuestos a los productos de primera necesidad y que provocó la levantisca de las protestas callejeras que se registraron en Colombia el año pasado.

Por ahora, el nuevo gobierno de Gustavo Petro se prepara al disfrute de su ‘luna de miel’, con el reparto de altos cargos en los ministerios e institutos descentralizados. Los dolorosos vendrán a comienzos del año entrante, cuando se produzcan los ajustes en la legislación tributaria del país, donde serán obligados a pagar mayores impuestos a la nación los ciudadanos que tengan un patrimonio económico, igual o superior a MIL MILLONES DE PESOS. 

La coalición mayoritaria que se está organizando en el nuevo Congreso de la República responderá ante el país por la cascada de nuevos impuestos y tributos que serán reajustados en sus actuales porcentajes, si es que los partidos de izquierda, amigos de la doctrina marxista – leninista, se atreven a desmontar los subsidios a los combustibles y los costos de las estaciones de peaje que financian el mantenimiento de la red nacional de carreteras.

El calvario que afrontará el nuevo gobierno con el sartal de compromisos adquiridos con los pueblos indígenas, que son absolutamente improductivos por la pandemia de la pereza para trabajar y producir, puede conducir a que les paguen asignaciones salariales que por ahora le cuestan al erario público nacional alrededor de veinticinco mil millones de pesos anuales. Al final de este nuevo periodo legislativo, tendremos un inmenso hueco fiscal, una mayor devaluación de la moneda. Y entonces recordaremos la frase del ingeniero Rodolfo Hernández, el candidato de la Liga de Profesionales Anticorrupción, quien ha afirmado que lo único que produce riqueza en Colombia y en el mundo es el trabajo honrado de la gente que se gana el pan con el sudor en la frente y de quienes ahorran parte de sus ingresos para tener derecho a la prosperidad.