Una investigación conjunta de Mongabay Latam y Earth Genome ha identificado 67 pistas de aterrizaje clandestinas en la Amazonía peruana, utilizadas por el narcotráfico para el transporte de drogas. Usando inteligencia artificial (IA), los investigadores localizaron las pistas en regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco, lo que revela la penetración del crimen organizado en zonas protegidas y de difícil acceso. Alexa Vélez, editora de Mongabay Latam, destacó que la investigación muestra la impunidad con la que opera el narcotráfico en la selva.
El uso de IA permitió detectar 128 posibles pistas de aterrizaje en seis regiones del Perú, lo que dejó al equipo abrumado por la magnitud del problema. De las 67 pistas confirmadas, muchas se encuentran en territorios indígenas y áreas protegidas, lo que aumenta el riesgo para las comunidades locales. Vélez explicó que el narcotráfico se ha trasladado a zonas menos controladas, aprovechando la falta de presencia estatal en estas áreas remotas.
Además de la amenaza a la biodiversidad, la construcción de estas pistas ha causado una deforestación masiva. Según la ONU, el narcotráfico es responsable del 64% de la pérdida de bosques en Perú entre 2018 y 2022, y se estima que abrir estas 67 pistas implicó la destrucción de 46 kilómetros de selva. Las comunidades indígenas de la zona, como los Yanesha, enfrentan una creciente presión debido a la expansión del narcotráfico en su territorio.
La impunidad del narcotráfico es evidente, ya que, a pesar de los esfuerzos del gobierno, las pistas se reabren rápidamente. Según el coronel de la Policía Nacional, James Tanchiva, los narcotraficantes tienen los recursos y la logística necesarios para restablecer sus operaciones en poco tiempo. La situación es grave, con 15 líderes indígenas asesinados desde la pandemia y al menos 28 más bajo amenaza de muerte.
El equipo investigador espera que sus hallazgos lleven a una respuesta más efectiva del gobierno y mayores medidas de protección para las comunidades afectadas. Vélez enfatizó que la presencia del Estado es crucial para frenar la violencia y garantizar la seguridad de las comunidades que viven en las zonas más vulnerables del Perú.