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La Afectación DEl COVID-19 a la Administración de Justicia
El país se ve enfrentado a una problemática de salud global, pues desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia y ante el incremento de casos en Colombia, se han adoptado medidas inmediatas para hacerle frente a la propagación del virus en la sociedad.
En el sector Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura resolvió este 15 de marzo del 2020, suspender los términos judiciales en todo el país inicialmente hasta el 20 de marzo, exceptuando entre otros asuntos, el trámite de acciones de tutela.
Sobre este punto, refulgen serias preocupaciones sobre el papel del Consultorios Jurídicos de las diferentes Instituciones Universitarias y la importancia del servicio allí brindado, pues recuérdese que, a este centro de atención, acuden a diario cientos de personas de escasos recursos en procura de una solución jurídica a sus dificultades.
Dentro del servicio se destacan las acciones de tutela, que se realizan ante la urgencia de protección a derechos fundamentales de los ciudadanos, dentro de los cuales se destaca el derecho fundamental a la salud, siendo este el que motiva más acciones de tutela, en las cuales se solicita la autorización de procedimientos médicos, exámenes, medicamentos y/o útiles de aseo como pañales para la población más vulnerable, como personas de la tercera edad.
De modo que, ante la imposibilidad de continuar brindando el servicio en el Consultorio Jurídico, se afectan de manera considerable cientos de familias vulnerables que requieren y dependen de este acompañamiento legal. Por esta razón, aunque los despachos judiciales sigan tramitando las tutelas con normalidad, cierto es que las personas no podrán acudir al lugar donde se les redacta la acción y se realiza acompañamiento en este trámite de manera gratuita.
Resulta incompleto implementar las alternativas que el Gobierno Nacional ha sugerido para continuar con el servicio, a través de teletrabajo para empleados, clases virtuales para estudiantes y en general haciendo uso de las llamadas TICs, los efectos que presentaran en nuestra próxima columna.
Este tipo de medidas, resultan utópicas al ser contrastadas con la realidad social y demuestran, además, que no se tiene en cuenta la población más afectada, pues un gran porcentaje de la sociedad no cuenta con el servicio de internet o computadores que permitan hacer efectiva esta alternativa.
Pretender que los ciudadanos reciban asesoría virtual resulta además de incoherente, una medida imposible de llevar a cabo, máxime cuando se advierte que algunos incluso no pueden acudir presencialmente a reclamar sus asesorías ante la ausencia de recursos para transportarse.
Por lo anterior, salta la vista una seria afectación al sector justicia y los ciudadanos más vulnerables la cual esperamos se pueda superar lo más pronto posible y el Consultorio pueda seguir brindando un servicio más que necesario, especialmente en una sociedad con una marcada desigualdad social, donde este tipo de situaciones permite replantearnos la necesidad de cobertura en la protección a los derechos de todos los ciudadanos y no solo de un sector privilegiado.
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