La Cereza que le Faltaba al Pastel : Petro sorprendió al país con la propuesta de crear un ‘Ejército de Milicianos’, con cien mil jóvenes ociosos y desadaptados que podrían convertirse, según sus palabras, en militantes de grupos armados ilegales

La transformación de las bandas armadas emergentes y de las cuadrillas de narcotraficantes en ‘Gestores de Paz’ es una tramoya del gobierno de Gustavo Petro, que está haciendo pedazos la Constitución Nacional, desconociendo la existencia de la rama judicial del poder público para erigirse en una dictadura.

La realización de un encuentro nacional de cultivadores de coca en la región de El Tarra, departamento del Norte de Santander, donde se declaró partidario de la legalización, es otro campanazo para salirse de los compromisos adquiridos por Colombia con la comunidad internacional.

Esta semana, Petro sorprendió al país con la propuesta de crear un ‘Ejército de Milicianos’, con cien mil jóvenes ociosos y desadaptados que podrían convertirse, según sus palabras, en militantes de grupos armados ilegales, a los que pretende asignarles la asignación mensual de un millón de pesos para incorporarlos a un cuerpo de defensa del país, aplicando el mismo libreto de su colega, el dictador de Venezuela Nicolás Maduro Moros.

Nada extraño que el presidente Gustavo Petro pretenda remplazar con un ejército de milicianos a la Policía Nacional, para prescindir de esta rama de la fuerza pública que encarceló a sus aliados, los terroristas de la denominada ‘Primera Línea’, para los cuales propone al Fiscal General de la Nación la aplicación del indulto por todas las fechorías que estos bandidos cometieron durante el paro nacional indefinido, que el año pasado decretaron los sindicatos de la Central Unitaria de Trabajadores —CUT—

Hay que recordar que el Presidente Petro, recién posesionado de su cargo, arrasó con la cúpula de las fuerzas militares y de policía, retirando del servicio activo a cuarenta y dos (42) Mayores Generales y Brigadieres Generales de la república, muchos de los cuales conocen los expedientes por la sangrienta toma del Palacio de Justicia, a manos de las desarticuladas guerrillas del Movimiento Diecinueve de Abril (M-19), de cuya militancia hizo parte el actual mandatario de los colombianos.

Los magistrados de las altas cortes, que tienen irritantes privilegios, guardan silencio y entierran, como los avestruces, la cabeza entre la arena de la impudicia, para no darse cuenta de los pasos que viene dando el presidente de Colombia, prevalido del poder que le otorgó el cincuenta y dos por ciento (52%) de los compatriotas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Las mayorías parlamentarias, que se encuentran a la espera de canonjías y privilegios, ya recibieron su primera mascada de las rentas de la nación con el reajuste del siete por ciento (7%) anual de sus crecidos emolumentos, es decir, con un aumento de dos millones quinientos mil pesos mensuales en forma retroactiva desde el primero de enero de este año, para que continúen asumiendo una posición dócil frente al jefe del ejecutivo, que los ha comprometido en una peligrosa coalición de intereses, para repartirles, como el Rico Epulon, algunas migajas que caen de la mesa del príncipe, mientras el lobo voraz destruye las instituciones.

Está probado que las protestas callejeras de hace un año, donde murieron agentes de la policía, quemaron vehículos y destruyeron plataformas comerciales, eran patrocinadas por la gavilla criminal que dirigían algunos de los extraños personajes que ahora hacen parte del parlamento a nombre del denominado ‘Pacto Histórico’. Los compromisos adquiridos en campaña por el entonces candidato presidencial Gustavo Petro, de concederles el indulto a los terroristas de la denominada ‘Primera Línea’, muchos de ellos miembros activos de grupos criminales, salta a la vista desde el primer momento en que los nuevos amos llegaron al poder y se envalentonaron para exigirle a su comandante en jefe que los sacara de las cárceles.