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Internacional

La coca significa la diferencia entre una pobreza digna, o una miseria absoluta y el Gobierno ni “Chicha ni Limonada”

 

 

 

La comunidad exige respuestas y tiene propuestas pero en esa espera, y en momentos en que se organizaba campesinos dedicados al cultivo de la coca, la amapola y la marihuana en el Cauca  , en el cual participaron activamente las comunidades del macizo Colombiano, el gobierno apareció con un acuerdo entre éste y las FARC-EP para la «sustitución voluntaria», aunque de voluntaria tiene bien poco, pues el gobierno se reserva el derecho a la erradicación forzada en caso de que los campesinos no acepten.

 

O sea que más bien es un poco de maquillaje a la vieja política de la erradicación forzada, aunque en este caso el garrote largo viene de la mano con una zanahoria chiquita.

Esa zanahoria es el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), un programa de intervención en más de 40 municipios, en un área de 50.000 hectáreas, en un año, con la participación de las FARC-EP. El presupuesto de este programa es de $1.000.000.000.000 (U$340.000.000), el cual se divide en montos de $10.000.000 anuales para proyectos productivos por familia.

La capacidad real del gobierno de financiar estos programas sigue en veremos.

El programa es visto con mucho recelo por las comunidades, que argumentan que estaría en contradicción con el espíritu original de lo negociado en La Habana.

Ciertamente, este programa refleja el giro conservador que tuvo la renegociación después de la derrota del acuerdo original en el plebiscito del 2 de Octubre, renegociación que se desarrolló a espaldas de las comunidades.

En el enfoque que queda reflejado en este nuevo acuerdo, se sigue entendiendo la cuestión de los cultivos ilícitos como un asunto meramente individual de los cultivadores, desconociendo que hay comunidades completas que dependen de la coca –aun quienes no la cultivan ni la procesan… en regiones enteras el comercio, los transportes, hasta la provisión de servicios y la infraestructura dependen de la coca.

Para estos campesinos, la coca no significa el mismo flagelo del que se habla en los centros urbanos del mundo; para ellos la coca significa la diferencia entre una pobreza digna, o una miseria absoluta.

 

La coca ha sido la única garantía para hacerse de los servicios elementales que el Estado no es capaz, ni tiene la voluntad, de garantizar a los ciudadanos.

 

Los tiempos tampoco reflejan una comprensión real de la problemática a tratar: el tema de los cultivos ilícitos lleva décadas y cualquier estrategia de intervención constructiva requiere de estrategias de largo plazo en el cual se vayan dando pasos graduales.

Pero no, el gobierno espera que en un año los campesinos sustituyan los ilícitos, cuando en esos plazos el gobierno es incapaz de ofrecer una estrategia de sustitución viable.

Cuesta creer que piensen que esto es una estrategia viable. Este acuerdo sigue convirtiendo en el centro del «problema» al campesino, sigue criminalizando a la mata y al cultivador, e ignora los múltiples niveles del problema, así como el hecho de que una solución a largo plazo requiere un diálogo no sólo con los campesinos, sino con la comunidad internacional, que debe replantearse una vía fracasada como es la criminalización.

Así las cosas, el gobierno sigue empeñado en diseñar políticas antidrogas destinadas al fracaso. O mejor dicho, a un fracaso relativo, pues la represión golpea al campesino y a los sectores más vulnerables de la cadena productiva, pero beneficia a los eslabones más fuertes en esa cadena, los tentáculos financieros y las mafias, que son los grandes ganadores de la política prohibicionista.

Con el estrepitoso fracaso que se vaticina para esta política, se terminarán de caer dos mitos: aquel, repetido hasta la saciedad por la prensa que pasa por verdad ante los desprevenidos, pese a no tener ninguna base objetiva pero para nadie es oculto esto , de que las FARC-EP eran el «más grande cartel del mundo»; el otro mito, es aquel de que los cultivos ilícitos se debían al conflicto y a la presión de la insurgencia sobre los campesinos y que sin FARC-EP, no habrá problema de drogas.

 

Lo curioso de todo esto, es que el mismo gobierno que criminalizaba cualquier tipo de simpatía de los campesinos con la insurgencia, hoy les exige obediencia ciega a ella.

Se equivocan en pensar que los  campesino son marionetas. Como hemos visto, los vínculos afectivos en muchas regiones, así como lazos políticos sólidos entre las comunidades y la insurgencia son innegables: sin embargo el campesino es autónomo, lo es ahora y lo ha sido siempre. Cualquier decisión que afecte a los campesinos debe ser consultado directamente con ellos, y los acuerdos que hayan alcanzado gobiernos e insurgencia, pueden servir como un referente, pero jamás serán la última palabra.

La negociación para terminar el conflicto armado con la insurgencia de las FARC-EP no significa que el gobierno pueda pasar por encima de los campesinos, quienes se harán respetar a cómo sea de lugar.

Tampoco esto significa que en determinadas regiones, por causas históricas o de otra índole, no pueda haber mesas que dialoguen sobre los aspectos particulares de determinadas políticas

. Así, tanto Fundecima  como otras organizaciones campesinas  siguen siendo herramientas válidas de interlocución y deliberación para las comunidades campesinas que el gobierno no debería seguir ignorando o enfrentando por la vía represiva. Esta actitud y la determinación de las comunidades de no dejarse avasallar, señalan por donde vendrán los primeros conflictos del supuesto «post-conflicto».

Para no ir tan lejos y como siempre el campesino tan solo dice que el gobierno ni “CHICHA NI LIMONADA”

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