La inseguridad no debe ser un caballito de batalla para los políticos que se alimentan de las necesidades de la gente y que los jueces de la república actúen en derecho

Durante semanas atrás  la noticia de la inseguridad que está pasando en el Cauca es tema de todos los medios locales y nacionales. La mayoría de las cifras de violencia y delincuencia en todo el territorio regional  han aumentado, en comparación con los años anteriores. De los once delitos que causan impacto y miedo, la imagen del Cauca a nivel país  se deteriora. Porque campean los delincuentes a lo largo y ancho del territorio regional, donde los ciudadanos son víctimas de estos forajidos.

Los homicidios, las lesiones personales, los hurtos de automotores, motocicletas, bicicletas y residencias, delitos sexuales y la violencia intrafamiliar. Toda esta  problemática tiene en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado, la justicia como el mismo gobierno departamental, porque en vez de disminuir, va en aumento la violencia y la delincuencia, que parece que volviéramos al terrorismo del siglo pasado.

¿Qué hay detrás del aumento de la violencia y la delincuencia, en medio de la pandemia que ya completa más de año y medio? Para los experto esta economía subterránea de las actividades ilegales, también se vieron afectadas, en iguales circunstancias con la reactivación económica, los delincuentes se reacomodaron e innovaron su actuar para seguir usufructuando la rentabilidad de las distintas actividades criminales, caso de la distribución de estupefacientes a domicilio, el comercio y uso de armas ilegales de fuego y de fogueo, el incremento de la explotación sexual y la estafa a través de las redes sociales, el hurto en las calles, con cambios violentos dejando muertes y victimas en silla de ruedas.

Un panorama que para los estudiosos y la misma policía, queda en el papel y los noticieros que se emiten por los medios de comunicación, sin resultados para disminuir este flagelo. Se sigue hablando del Eln, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, los pelusos, los puntilleros,  conocidos como grupos armados organizados (GAO). 19 estructuras delincuenciales menos conocidas, pero que son una amenaza para seguridad ciudadana y los actos vandálicos amparados en la violencia, para amedrantar al pueblo caucano.

Para nadie es un secreto que estas bandas viven del narcotráfico en la escala de los estupefacientes y el microtráfico en ciudades y pueblos donde se incrementa el consumo de cocaína y marihuana, junto las anfetaminas o drogas sintéticas. Parecerá duro, pero la verdad es la verdad y no como lo dicen los abogados supuestamente, amparados en las mismas autoridades de seguridad del Estado Colombiano: los “policías corruptos”. No todos. Porque otros han dado la vida por ese deber de proteger al ciudadano.

A ello se le complementa la extorsión, el secuestro, las vacunas a los negocios, tiendas y supermercados. La nueva modalidad, que utilizan en los sectores comerciales. Detrás de ellos existen personas corruptas del gobierno que viven del Estado Social de Derecho, escondidos haciendo fortunas, estas manzanas podridas les dura lo que dura un merengue en derretirse, el escandalo pasa y no tiene vergüenza, porque no existe justicia.

Como están las cosas, llevamos un futuro dudoso, que las estadísticas o indicadores delictivos provengan de algunos politiqueros, que no cuestionan los hechos, pasando al deterioro de las condiciones sociales y económicas,   sin enfrentar inevitablemente un aumento de la actividad violenta y delictiva en todos los estratos de la sociedad civil.

Se espera que la inteligencia militar y policial presente resultados, sin que vayan a caer en los falsos positivos para este trabajo, y que se brinde tranquilidad a la ciudadanía, como seguridad para salir a la calle, visitar restaurantes y negocios. Los gobiernos departamentales y municipales a través de sus secretarias, deben trazar políticas para la convivencia ciudadana.

Para terminar, que no se vuelva, la inseguridad como un caballito de batalla para los políticos que se alimentan de las necesidades de la gente y que los jueces de la república actúen en derecho, aplicando como debe ser la justicia, pero no esa justicia de casa por cárcel, o en defensa de los derechos humanos, cuando no respeta el delincuente los derechos a la propiedad, la vida y la libre movilidad ciudadana.

Se tienen leyes para contrarrestar la delincuencia, pero no se aplica, de ahí que los mismos extranjeros también están delinquiendo, para ellos deben existir la aplicación de la ley colombiana.