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La Procuraduría denunció a la jueza Lilian Johanna Bastidas por el delito de prevaricato, es decir, por supuestamente actuar contrario al espíritu de la Constitución Nacional y de las leyes de la República
La procuradora general Margarita Cabello insiste en que Bastidas no tenía competencia para liberar a los dos jóvenes que estaban presos a órdenes de la justicia.
La Procuraduría sigue presentando recursos judiciales para frenar la libertad de los jóvenes Santiago Márquez y Adriana Bermeo, acusados de ataques terroristas contra la fuerza pública, quienes son investigados por la Fiscalía como miembros de la Primera Línea y que fueron nombrados gestores de paz por el gobierno de Gustavo Petro.
Esta vez, el Ministerio Público denunció penalmente a la jueza Lilian Johana Bastidas. El órgano de control señala, como lo ha hecho desde la semana pasada, que las resoluciones de gobierno no dispusieron la suspensión de la detención preventiva de ambos jóvenes, sino, supuestamente, solo de las órdenes de captura.
Y que la orden de la jueza Bastidas, al parecer, no tiene constancia de la norma que la puede facultar para decretar la libertad de investigados como Márquez y Bermeo, que atacaron a la policía y lanzaron bombas incendiarias.
