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Las Grandes empresas criminales quieren legalizar las inmensas fortunas que mantienen en los paraísos fiscales del mundo y, por eso, están dispuestos a comprar la presidencia de la república.
Son impresionantes las reacciones que ha producido en Colombia la formación de grupos criminales que están alterando el orden público en diferentes regiones del país, tratando de ablandar la voluntad política del gobierno nacional, que está obrando con mano fuerte contra los bandidos de las disidencias de las FARC y del autodenominado ‘Ejército de Liberación Nacional’, que tienen cerradas las puertas para una negociación política.
La orden del gobierno está orientada al exterminio de los grupos alzados en armas, que desaprovecharon la convocatoria a los diálogos de paz adelantados en La Habana (Cuba) y que crearon el Grupo Nueva Marquetalia.
Las disidencias de las guerrillas de las FARC, convertidas en el mayor cartel del narcotráfico, están buscando legalizar las inmensas fortunas que mantienen en los paraísos fiscales del mundo y, por eso, están dispuestos a comprar la presidencia de la república.
Ha habido emisarios en la capital de la república buscando revivir el camino de las negociones de paz, que ellos mismos cerraron.
Como se explica que estén financiando el terrorismo en ciudades como Bogotá, donde fueron atacados los agentes de la Policía que controlaban la seguridad en el Sector de Ciudad Bolívar, donde asesinaron a dos niños y ocasionaron heridas a otras treinta y cuatro personas.
Que buscan con la carga de dinamita que en este sector de la capital de la república provocó la destrucción de numerosas viviendas y las pérdidas de vidas humanas, especialmente niños, que son la esperanza de la nación.
Las fuerzas militares y de policía dieron de baja la semana pasada en zonas de frontera con Venezuela a diez (10) terroristas de las FARC y la orden del Ministerio de Defensa es la liquidación del movimiento insurgente, que está al servicio en Colombia de regímenes autocráticos como Venezuela y Nicaragua, manejando inmensas fortunas que tendrán que enterrarlas o entregarlas a las autoridades colombianas, para resarcir el daño que le han hecho a la nación.
Luego de que el Frente 33 de las disidencias de las Farc se atribuyera el atentado terrorista en Ciudad Bolívar, Bogotá, la Policía Nacional entregó información del expediente judicial de Javier Alonso Velosa García, alias Don Mechas, quien es cabecilla de dicho frente y habría planeado la explosión en el CAI de Arborizadora Alta que mató a Ivanna Salomé Rangel Molina, de 5 años, y a Daniel Stiven Duque Buitrago, de 12.
El director general de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia, reiteró en que hay una recompensa de 300 millones de pesos para quien ayude a dar con el paradero de Velosa García y aseguró que se refugia en el estado Zulia, en Venezuela, desde donde “ordena ataques como el perpetrado en Ciudad Bolívar y los ocurridos el año pasado contra la brigada 30 del Ejército en Cúcuta y contra el helicóptero presidencial”.
Los integrantes de las disidencias de las FARC y del Comando Central del ELN están condenados a muerte, por su propio comportamiento. Solamente les espera la cárcel o el cementerio, porque abandonaron el camino de la legalidad, al que se vincularon doce mil desmovilizados del movimiento insurgente.
Los grandes capitales que mantiene la subversión y el terrorismo en los paraísos fiscales del mundo para continuar una guerra fratricida que ellos mismos han promovido, no tendrán cabida en el país, porque ya están cerrados los caminos de la negociación política. Los caminos que conducen a la denominada ‘Justicia Especial para la Paz’, ya están cerrados para los disidentes de los grupos armados ilegales.
