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Política

“Le pondremos el tate quieto a las nóminas paralelas”: Fredy Anaya

El representante  Santandereano  a la Cámara , Fredy Antonio Anaya Martínez, se ha convertido en un especialista en poner sobre la mesa los temas más controvertidos –e impopulares para la clase política tradicional- a fin de redireccionar el verdadero sentido del sector público.

 

Anaya Martínez, desde su posesión como congresista, ha generado crudos debates contra los intocables’ del país –como las empresas de servicios públicos- y ha presentado proyectos como el del Distrito Especial Bucaramanga, con la oposición incluso de sus propios amigos políticos.

Ahora, el parlamentario santandereano sorprende con la presentación de un Proyecto de Ley de su autoría, en la que la nefasta figura de ‘nóminas paralelas’ sería eliminada del escenario gubernamental territorial.

Se trata del Proyecto de Ley 112 de 2016-Cámara, radicado este miércoles, “por del cual se establece una restricción a las entidades estatales para la contratación pública de prestación de servicios en aras de eliminar las nóminas paralelas en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones”, según conoció Cauca Extremo!

“El texto del proyecto tiene cinco artículos, pero lo fundamental es que buscamos modifícar el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y de esta forma es establecer una restricción a las entidades estatales en el marco de sus procesos de contratación estatal bajo la modalidad “Contrato de Prestación de Servicios” o las conocidas como CPS, en aras de eliminar las nóminas paralelas”, expuso el congresista santandereano.

En términos generales, con la modificación, la Ley 80 establecerá que todas las entidades del Estado, con apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, deberán adelantar estudios completos e integrales de reajuste a sus plantas de personal y de la actual situación de la contratación pública de prestación de servicios.  Dichos estudios deberán ser terminados en un plazo máximo de dos años para ajustar las plantas de personal a lo dispuesto en la presente ley.

Además, también se determinará que las personas naturales que hayan suscrito contratos de prestación de servicios con entidades estatales en un lapso no inferior a cinco años, desarrollando las mismas actividades y cumpliendo con las mismas funciones, deberán ser incorporadas en la planta de personal siempre y cuando exista la vacancia en dicha planta.

Aclaró el congresista que, “para la debida incorporación de dichas personas deberá existir certificación del Departamento Administrativo de la Función Pública que compruebe el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley”.

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