Morir por Covid o morir por un efecto adverso producto de la vacuna contra la Cov , asi estan las Apuestas

Después de un año de espera a la famosa vacuna contra la Covid, finalmente el gobierno colombiano, con la resolución 2327, destina presupuesto para la adquisición de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Con esto, se espera que para el primer semestre de 2021 se puedan vacunar 10 millones de colombianos. Sin embargo, algo inquieta a estos primeros afortunados.

A los ojos de un sector de colombianos, el panorama es desalentador; Morir por Covid o morir por un efecto adverso producto de la vacuna contra la Covid. Se ha informado que la vacuna tiene una efectividad del 95% y que Colombia pertenece a la alianza Covax que contempla el acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces. Sin embargo, eso es solo un contemplar, nada se sabe realmente sobre la seguridad de esta vacuna y los efectos secundarios que pueda generar a los primeros beneficiarios, primeros informantes de la efectividad y también de los efectos perjudiciales desconocidos a hoy.

Agravando el asunto, resurge el tema de la responsabilidad. Si se generen efectos secundarios adversos o perjudiciales para las personas, ¿Quién debe responder? ¿hay responsabilidad sobre el productor de la vacuna? ¿sobre el Estado como administrador de la misma? ¿sobre las EPS? ¿sobre las farmacéuticas? ¿Es legal una cláusula que exima de responsabilidad a las mencionadas anteriormente? ¿Se puede administrar bajo exclusiva responsabilidad de cada persona?

Según el proyecto de ley de vacunas aprobado, se exime de cualquier responsabilidad por efectos adversos a las farmacéuticas que proveerán la vacuna en Colombia. Así mismo, El vocero de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, anunció que las EPS no responderán por los efectos secundarios que se puedan presentar después de la aplicación de la vacuna contra el covid-19. Sobre la responsabilidad del Estado, el proyecto estableció que “el Gobierno Nacional, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá contratar una póliza de cobertura global para cubrir las posibles condenas que puedan presentarse por reacciones adversas a las vacunas contra la Covid-19 aplicadas por el Estado Colombiano”.  Responde el gobierno hasta que acaben los recursos, y con ello las indemnizaciones por efectos adversos.

Seguido a esta incertidumbre de efectividad y responsabilidad, se suma la inquietante idea de que se imponga la obligatoriedad de esta vacuna para los colombianos, de forma que se exija certificado de vacunación para ingreso a establecimientos, puestos de trabajo, viajes comerciales o incluso para adquisición de bienes. En ese caso, ponderando un derecho superior, se restringiría esa decisión de quienes desean no aplicarse la vacuna, siendo su aplicación casi como requisito de supervivencia.

Por lo pronto nos atenemos a los resultados que arrojen los primeros conejillos que decidan aplicarse la vacuna Pfizer, llevando un estricto seguimiento de su evolución en el cuerpo humano hasta obtener evidencia científica que marque el precedente de confiabilidad en la vacuna, o, por el contrario, que evite una mayor afectación en la salud de los colombianos mientras se busca otra manera de atacar la Covid-19.