En una audiencia judicial realizada esta semana, un fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación reveló un supuesto tráfico de armas que involucraría a varias unidades del Ejército Nacional.
El escándalo involucra a miembros de las Fuerzas Militares que, según las investigaciones, habrían establecido nexos ilegales con grupos armados al margen de la ley, facilitando el robo y tráfico de municiones y armamento.
La revelación de este caso ha generado gran preocupación en el país, y la reacción del ministro de Defensa, Iván Velásquez, no se hizo esperar.
En un contundente pronunciamiento, Velásquez expresó su total rechazo a los hechos y anunció que se tomarán medidas drásticas contra los suboficiales implicados en el tráfico de armas.
“Resulta inadmisible, como tuvimos oportunidad de conocerlo recientemente, que integrantes de las Fuerzas Militares estén en tráfico de municiones, entregándole al enemigo las armas con las que matan a sus propios compañeros”, declaró el ministro.
Según la Fiscalía, las armas y municiones robadas por los miembros del Ejército han sido utilizadas por grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, para atacar instalaciones militares.
En particular, la Fiscalía identificó al menos tres puntos en las ciudades de Popayán y Villavicencio, donde desde el año pasado se habrían perpetrado varios ataques a instalaciones castrenses utilizando armamento proveniente de estos robos.
El fiscal anticorrupción que presentó el caso ante el juez detalló que el tráfico de armas no solo pone en riesgo la seguridad del Ejército Nacional, sino que también prolonga el conflicto armado en el país.
“Señor juez, si el conflicto no se acaba en este país es posiblemente porque tenemos a un Ejército combatiendo con chatarras y a unos grupos armados combatiendo con partes originales de fusiles y ametralladoras”, comentó el fiscal durante su intervención.
El informe de la Fiscalía resalta que las principales bases militares afectadas por el robo de armas son las de Tolemaida, Villavicencio, Caquetá, así como los almacenes de Indumil en Soacha.
Entre las armas robadas destacan fusiles Galil, ametralladoras M-60 y municiones de calibres 1.62, 5.56 y 7.62.
En su intervención, Velásquez subrayó que se tomarán acciones firmes para erradicar este tipo de comportamientos dentro de las Fuerzas Militares. “Hay que tomar las medidas más drásticas contra estos que contribuyen, con los asesinos, a matar a sus compañeros”, afirmó el ministro, quien prometió investigar a fondo el escándalo y aplicar las sanciones correspondientes.
El caso ha provocado un fuerte rechazo en la sociedad, poniendo en evidencia no solo la corrupción interna en algunas unidades militares, sino también la creciente infiltración de grupos armados ilegales en las filas del Ejército.
