En un fallo de primera instancia, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción por los sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua potable a La Guajira.
Por su parte, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres, recibió la misma sanción por 20 años. Entre tanto, Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general, fue castigado con destitución e inhabilidad general por 10 años.
Según la delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1, López y Pinilla, incurrieron en una serie de irregularidades que resultó en un detrimento patrimonial de más de $16 mil millones. Este monto representa un sobrecosto superior al 54 % en comparación con los precios reales de mercado, lo que resultó en el pago de más de $412 millones por cada uno de los carrotanques. La investigación concluyó que los entonces funcionarios participaron activamente en la gestión de la compra, sin justificación razonable de los elevados costos.
El exdirector Olmedo López fue hallado responsable de autorizar pagos sin comprobar los precios y sin tener en cuenta las cotizaciones que ya superaban el valor real de los vehículos. En cuanto a Pinilla, su responsabilidad radicó en avalar la compra de los carrotanques sin observar los precios excesivos, además de certificar la recepción de los vehículos sin que estos cumplieran con los fines previstos en el Decreto 2113 de 2022, que declaraba la emergencia humanitaria para abastecer a la comunidad de La Guajira de agua potable.
La Procuraduría también destacó que los funcionarios desconocieron principios fundamentales de la función pública, como la moralidad, la eficacia y la economía, al realizar la contratación de manera dolosa. Por su parte, el exsubdirector general, Víctor Meza, fue sancionado por facilitar el proceso que permitió los pagos al contratista sin ejercer la debida diligencia en el control de los precios.
La Procuraduría calificó las conductas de los tres exfuncionarios como faltas gravísimas, en su mayoría cometidas a título de dolo, y subrayó que su comportamiento afectó gravemente el patrimonio público.
