La crítica situación del orden público, que deja al menos 26 asesinatos perpetrados por el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, y la falta de plata en su caja para este 2025 tienen al gobierno del presidente Gustavo Petro analizando medidas extremas: entre ellas, declarar los estados de conmoción interior y de emergencia económica, que le dan facultades extraordinarias al Ejecutivo. La vigencia territorial de esas dos figuras no se ha determinado aún, pero en principio, al menos en el caso de la de conmoción interior, sería regional, limitada a esa zona de Norte de Santander, donde miles de personas sienten el retroceso de los procesos de paz con los peores años de la guerra.
La conmoción interior, figura que reemplazó al polémico estado de sitio de la Constitución de 1886, está reglada por el artículo 213 de la Constitución, que establece que «en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella».
