Un juez de Conocimiento de Bogotá ha impuesto una sanción de tres días de arresto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por desacato a una orden judicial relacionada con el uso de un plaguicida peligroso para la salud. Además de la medida de arresto, el alto funcionario deberá pagar una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales vigentes.
La decisión se deriva de su incumplimiento de una tutela basada en la sentencia T-343 de 2022, emitida por la Corte Constitucional, que abordaba los riesgos del plaguicida clorpirifós, utilizado en la agricultura y ganadería en Colombia.
En dicho fallo, la Corte ordenó al Ministerio de Salud y al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) la implementación de medidas para suspender la venta de productos que contuvieran esta sustancia y proteger la salud pública.
El juez determinó que, a pesar de que el Ministerio de Salud había manifestado su disposición para coordinar con el ICA en la implementación de la sentencia, no se demostró que se hubiera realizado un seguimiento adecuado para garantizar el cumplimiento de las órdenes de la Corte.
En este sentido, el fallo judicial señala que el ministro Jaramillo, como responsable de la cartera, no gestionó de manera eficaz el cumplimiento de la sentencia.
Según el despacho judicial, aunque el Ministerio de Salud adoptó algunas acciones para prevenir intoxicaciones y mostró voluntad para colaborar con el ICA, no se evidenció un acompañamiento efectivo y continuo que garantizara la suspensión total de la venta del clorpirifós y la implementación de una transición en el sector agropecuario.
El incumplimiento de la sentencia se considera grave, dado que la Corte Constitucional había señalado la necesidad urgente de proteger la salud de la población frente a los efectos nocivos de este plaguicida.
El juez, además de imponer la sanción de arresto y la multa, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se indague si la conducta del Ministro podría constituir un delito.
Este caso ha generado una fuerte polémica, ya que pone en evidencia la falta de cumplimiento de una orden judicial en un tema de salud pública de gran relevancia.
La decisión ha generado reacciones en varios sectores, con críticas a la gestión del Ministro Jaramillo y llamados a una mayor responsabilidad en la implementación de las políticas de salud pública en Colombia.
