Qué llevó a Santos a objetar la ‘Ley de garantías laborales a madres comunitarias’?

Como un baldado de agua fría les cayó a las Madres Comunitarias la decisión del gobierno nacional de no sancionar un proyecto de ley, aprobado en el Congreso, en el que se buscaban garantías laborales para estas trabajadoras en barrios y sectores rurales del país.

El presidente Juan Manuel Santos objetó esta iniciativa al considerar que era inconveniente en su totalidad porque resulta contraria a la Constitución y porque “genera un impacto fiscal de enormes proporciones” que el país no puede costear.

Un concepto de la Presidencia de la República niega la posibilidad de dar subsidio a la vejez y educación gratuita a las madres comunitarias porque – a su criterio-“afecta seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal”.

Explica también el gobierno que, la posibilidad de que las más de 50.000 madres comunitarias tuvieran un contrato a término indefinido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), “ampliaría la planta laboral de 6.000 personas a 61.000”.

En tal sentido, estas trabajadoras encargadas de los cuidados de casi 750 mil niños de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad, seguirán en la misma modalidad laboral que tienen desde 2014, gozando de protección laboral mediante su vinculación con las entidades administradoras del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar. Es decir, bajo la figura de la tercerización laboral.

Cabe recordar, que hace un año, las madres comunitarias del país se ubicaron frente de la sede del ICBF en Bogotá durante 11 días, para protestar por las precarias condiciones laborales. En ese momento, hubo un duro debate en el Congreso, realizado por el senador del Polo Democrático, Alexander López contra la directora del ICBF, Cristina Plazas, en el que desnudó irregularidades como la informalidad de las madres comunitarias, la pésima y mal balanceada alimentación de los menores y los contratos millonarios a entidades que eran, finalmente, las encargadas de subcontratar el cuidado de los niños.

Con la objeción de la ley, más de 50.000 madres comunitarias seguirán pendientes de la contratación que se realice a través de terceros, que establecen convenios interinstitucionales con el ICBF, en contravía de una sentencia de la Corte Constitucional que dejó claro que las madres comunitarias tienen derecho a todas las garantías laborales.

No obstante, según el concepto de la objeción presidencial, el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, a través de contratos laborales, genera las garantías mínimas previstas en la legislación laboral colombiana, contenidas de manera especial en el Código Sustantivo del Trabajo.