Qué viene ahora que pasó en el Congreso la polémica Justicia Especial para la Paz?

Luego del llamado que les hiciera desde San Gil el presidente Juan Manuel Santos a los partidos de la Unidad Nacional para que participaran del debate del acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 63 senadores de 100 (61 votos a favor y dos en contra) aprobaron en último debate la polémica iniciativa. A partir de ahora, las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros involucrados en el conflicto armado, serán juzgados bajo un régimen transicional.

Cabe recordar que la JEP es el sistema de juzgamiento acordado en La Habana para los excombatientes acusados de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra –guerrilleros y militares–, quienes serán investigados y juzgados tras el fin del conflicto con las FARC.
Según el texto aprobado, este sistema le dará vida a las instancias que conocerán los procesos contra los integrantes de las FARC señalados de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio, entre otros.

Sin embargo, el principal cambio en último debate fue un apartado que indica que en la ley estatutaria que se tramitará posteriormente para reglamentar la JEP se deberá determinar cuándo los delitos relacionados con el narcotráfico serán de competencia la justicia ordinaria y cuándo de la justicia especial de paz.

Las sanciones que se contemplan en esta jurisdicción van desde dos años de restricción efectiva de la libertad para quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y reconozcan la verdad, hasta 20 años de privación de la libertad para quienes no reconozcan su participación en delitos graves y sean vencidos en juicio.

Además, el acto legislativo incluye un capítulo dedicado al juzgamiento de los agentes del Estado, en el que se incluyeron unas condiciones para que los comandantes sean juzgados por delitos cometidos por sus subordinados y se hizo una diferenciación entre el tratamiento a los uniformados y a los demás civiles que pertenecen al Estado.

La iniciativa aprobada contempla un capítulo en el que se garantiza la “no extradición para todos los integrantes de las FARC y personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final” y que se acojan a la justicia para la paz.

Se establece la creación de una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad con la cual se busca contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas en el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad.

La JEP funcionará hasta por 10 años contados a partir de la entrada en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad. Este plazo puede ser prorrogado por el mismo tiempo. Hay un plazo adicional para recibir informes por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad que será de 2 años y podrá prorrogarse hasta completar un periodo máximo de 3 años.

La iniciativa pasará ahora a conciliación en las plenarias de Senado y Cámara y luego a sanción presidencial.