Razones que llevaron a la Superindustria a solicitarle a la ANI liquidar Ruta del Sol 2

El Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, mediante Resolución 5216 del de 2017, decretó medidas cautelares administrativas con el propósito de suspender o hacer cesar los efectos ilegales de las conductas presuntamente contrarias a la libre competencia económica desplegadas por el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) -Hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)- a través de su condición de Director Encargado para la época, Gabriel Ignacio García Morales y la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de la cual hacen parte empresas de Odebrecht, que generaron la suscripción del Contrato de Concesión de la Ruta del Sol – Tramo 2, en el año 2010.

Para la Superintendencia, se encuentra acreditado que durante el proceso de licitación pública para la concesión de la Ruta del Sol, Tramo 2, García Morales, en su calidad de Viceministro de Transporte y Gerente General Encargado del INCO, asesoró a un funcionario de una empresa vinculada con Odebrecht SA que conformó la concesionaria que a la postre resultó adjudicataria de la concesión.

Además, “existen múltiples evidencias sobre la forma en que dicho funcionario habría direccionado el proceso licitatorio con el fin de favorecer la propuesta de dicha empresa y así falsear la libre competencia económica en el proceso contractual, en desmedro de las otras propuestas presentadas”, revela el informe.

Aduce la SIC, el funcionario Gabriel Ignacio García Morales habría ejecutado dichas irregularidades a cambio de un soborno pagado por Odebrecht S.A., por un monto de USD 6,5 millones de dólares, hecho que fue reconocidos, aceptados y confesados tanto por el Ex Gerente General del INCO, García Morales, como por Odebrecht.

Prácticas restrictivas de la competencia

Teniendo en cuenta que los recursos con los cuales se financian los contratos adjudicados por el Estado (compras públicas de bienes y servicios) son de carácter público, las consecuencias de una restricción indebida de la competencia en el marco de estos procesos de selección son particularmente graves (mucho más graves), pues se presentan sobrecostos y pérdidas irrecuperables de recursos públicos que terminan por desfinanciar otras inversiones que el Estado debe realizar, lo cual a su vez representa lesiones importantes en términos de bienestar social, desarrollo económico y eficiencia económica.

Por lo anterior, “la protección de la libre competencia en los procesos de selección contractual que adelanta el Estado (compras públicas) merece especial atención por parte de la autoridad de protección de la libre competencia económica”, aduce la Superintendencia de Industria y Comercio.

Grupo Élite contra las Colusiones

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció a comienzos de este año 2017 la conformación de un Grupo Élite para combatir las prácticas anticompetitivas que se están presentando en las licitaciones y contrataciones públicas, otorgándole un presupuesto cercano a los 8 mil millones de pesos.

El Grupo Élite contra las Colusiones está conformado por un equipo interdisciplinario de más de 60 personas, entre abogados, economistas, ingenieros, contadores, entre otros