Aunque tengamos enormes diferencias ideológicas con los grupos políticos que recaudaron las firmas para la reforma anticorrupción, ha llegado el momento de utilizar ese mecanismo constitucional, creado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para enfrentar el peor flagelo que padece Colombia, el fenómeno de la corrupción, que hace poco tiempo tocó las puertas de la Corte Suprema de Justicia, hasta los recintos secretos de los magistrados y togados que posaban de impolutos e insobornables, destapando uno de los mayores escándalos que se hayan conocido en la reciente historia del país.
Magistrados corruptos que pedían y exigían de manera clandestina millonarios emolumentos para proferir sentencia en casos judiciales de la mayor transcendencia nacional. Y fueron precisamente los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que lograron descorrer el telón de la concupiscencia nacional, para encontrar que el flagelo de la ‘delincuencia de cuello blanco’ había hecho metástasis en los más altos escenarios de la justicia en Colombia.
Con cierta injusticia se ha ubicado en cabeza de los dirigentes políticos el origen de la corrupción en Colombia, por dar y recibir toneladas de dinero a cambio de la adjudicación de los grandes, medianos y pequeños contratos de las obras públicas, cuando en todos los niveles de la administración pública se ha generalizado esa conducta, que compromete también a los altos funcionarios de la nación, a gobernadores y alcaldes, en el reparto de la contratación oficial, a cambio compartir en cada caso una tajada del presupuesto de la nación, de los departamentos y municipios.
Las licitaciones de único proponente, que son la mayoría, comportan una pecaminosa participación pecuniaria de los funcionarios que elaboran los pliegos, de los jurídicos que redactan los actos administrativos, junto con los porcentajes de participación que exigen o han exigido los actores políticos, en el reparto de la «mermelada» que hizo carrera dentro de la administración del expresidente Juan Manuel Santos.
De donde salieron los millonarios recursos financieros para las recientes campañas políticas, cuando se sabe que en varias alcaldías del departamento se firmaron contratos ficticios para obras invisibles, por el saqueo imparable de los recursos públicos.
Esas cuentas nunca entraron a los informes que los candidatos a los cargos de elección popular debieron presentar ante el Consejo Nacional Electoral, para acreditar y justificar los gastos de las campañas electorales y cobrar los consabidos subsidios establecidos en la legislación nacional. ¿De qué manera algunos concejos municipales se han dado a la tarea de ampliar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que constituyen un factor de enriquecimiento ilícito para miembros de la clase política en poblaciones de algunos municipios de nuestra Patria , donde avanzan procesos de ampliación de zonas urbanas para la industria de la construcción?
Rumores hay de una investigación judicial que se empeña en establecer cuáles son las vacas sagradas que están detrás de los concejos municipales para ampliar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que de la noche a la mañana quintuplican el valor de los lotes de engorde ubicados en las zonas periféricas de las principales ciudades de algunos departamentos del País .
El referendo anticorrupción es una necesidad para el país, no importa quienes sean sus actores y protagonistas.
