Los dos millones trescientos mil ciudadanos del partido conservador que eligieron a quince (15) senadores y veintisiete (27) representantes a la Cámara, no salen de su asombro y estupor al conocerse las investigaciones que afronta el nuevo presidente del Directorio Nacional Conservador, Carlos Andrés Trujillo González, que debe responder por numerosas investigaciones de carácter penal y disciplinario, a su paso por la alcaldía de Itagüí, su ciudad natal, que lo inhabilitan moralmente para desempeñar ese cargo.
El desencanto de los líderes conservadores del país radica igualmente en la entrega ignominiosa de la bancada parlamentaria al nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro Urrego, cuando era su deber asumir una posición independiente y equidistante de la nueva administración, como lo proponía el saliente presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes álzate, a quien traicionaron para complacer a los nuevos amos del poder en Colombia.
Un partido político amamantado con la ubre del poder durante muchos años, perdió el norte de sus principios doctrinarios y eligió ciertos personajes de baja estofa, ignorantes de los principios tutelares de la colectividad, que se entregaron por un plato de lentejas que les podía ofrecer el nuevo régimen de estirpe comunista, olvidándose que los conservadores tienen la obligación moral de defender las instituciones, como la Policía Nacional, como el Ejército y la Fuerza Área, guardianes de la democracia.
A la hora de aprobar la plataforma legislativa del gobierno de Gustavo Petro, los parlamentarios conservadores deben asumir una posición doctrinaria, como lo hicieron nuestros caudillos, Laureano Gómez Castro, Mariano Ospina Pérez, Guillermo León Valencia, Misael Pastrana Borrero, Carlos Augusto Noriega y Belisario Betancur.
Que respeto puede merecer una bancada parlamentaria que se entrega al mayor postor, por unos contratos y por unos cargos burocráticos, a cambio de hipotecar su conciencia a un régimen político espurio, donde muchos de los elegidos como congresistas son aquellos que han patrocinado la lucha armada, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico.
Un gobierno donde algunos de los promotores del paro nacional indefinido realizado el año pasado son criminales reconocidos que repartieron dinero para sostener a guerrilleros urbanos incendiarios de la llamada ‘Primera Línea’, que mataron policías, destruyeron monumentos nacionales, plataformas comerciales, agencias bancarias y universidades públicas, arruinando a la nación y creando un panorama de perturbación social, aprovechando la anarquía para descalificar al gobierno nacional del presidente Iván Duque Márquez, que será reconocido por los historiadores como uno de los mejores presidentes que haya tenido Colombia.
La absurda declaración de las bancadas parlamentarias del partido conservador en el Senado de la República y la Cámara de Representantes, adhiriendo al nuevo gobierno, es la vil entrega de un partido político a sus verdugos.
El partido conservador necesita una etapa de reflexión y purificación sobre el futuro del país, porque nunca hubo en estos años un debate a fondo sobre el origen de la violencia en Colombia, sobre los excesivos privilegios de los congresistas y sobre la peligrosa injerencia de las altas cortes, que se han convertido en cortes legislativas.
Reviven los recuerdos de la posición adoptada por los congresistas conservadores en 1986, cuando terminó el periodo de la alternación de liberales y conservadores en el poder, al final del denominado ‘Frente Nacional’, donde el expresidente Misael Pastrana Borrero declaró la ‘Oposición Reflexiva’ al gobierno del expresidente liberal Virgilio Barco Vargas, lo que le permitió a la colectividad brillar con luz propia en los escenarios del Capitolio Nacional de Colombia.
Allí brillaron las voces de parlamentarios caucanos , que escribieron un ‘Manual de Oposición’, que hace parte de la historia legislativa del país.
Se escuchan ahora algunas voces aisladas que reclaman un acto de contrición perfecta, de arrepentimiento por los errores cometidos y sobre todo, unos debates de control político, de radical oposición al nuevo gobierno que amenaza perpetuarse en el poder por muchos años, destrozando instituciones como la Procuraduría General de la Nación, a manera de retaliación como lo hace el presidente Gustavo Petro, al colocar en la guillotina la cabeza del ex procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, que lo destituyó de la alcaldía de Bogotá.
