Ya es hora de dejar quieta la Constitución y entender que ella por sí misma no soluciona los graves problemas del país

Se conoció que se está tramitando por parte de 22 congresistas un proyecto de Acto Legislativo que busca ampliar hasta el 2024 el periodo actual del presidente de la República, Congreso de la República, Asambleas departamentales, Concejos municipales y distritales, Juntas Administradoras Locales, gobernadores y alcaldes. El proyecto ya fue radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes con firmas de congresistas de La U, Cambio Radical, el Partido Conservador y el Partido Liberal.

El proyecto de Acto Legislativo establece que el periodo constitucional, pase de 4 a 5 años para el presidente de la República, los congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles, Fiscal General de la Nación, el Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Defensor Nacional del Pueblo, el Auditor General de la Nación (gobernantes futuros). A los Magistrados de las Altas Cortes su periodo se aumentaría de 8 a 10 años (incluyendo reelección), cobijando a los actuales.

Las anteriores modificaciones tienen como pretexto unificar las elecciones presidenciales y legislativas con las de alcaldes y gobernadores. Como abrebocas ofrece la congelación por diez años de la remuneración de los congresistas y la posibilidad que los actuales gobernadores y alcaldes puedan optar por una sola vez a la reelección inmediata. Como pueden observar, el proyecto de acto legislativo no deja a ningún cargo de las cabezas de las tres ramas del poder público por fuera.

La legislatura es el tiempo establecido para que el Congreso de la República se reúna en sesiones ordinarias, efectuadas en dos periodos. El primero de ellos inicia el 20 de julio de cada año y concluye el 16 de diciembre, mientras que el segundo comienza el 16 de marzo y termina el 20 de junio. El proyecto de acto legislativo debe ser aprobado en cada una de las Cámaras por la mayoría simple, en la primera vuelta; publicado por el Gobierno, requerirá de la mayoría absoluta en la segunda vuelta. Ambos períodos no necesariamente deben coincidir en la misma legislatura. De acuerdo con lo anterior, de tramitarse el proyecto de acto legislativo en las dos sesiones ordinarias que se realizarán en 2021, tendría el efecto de aplazar las elecciones para Congreso y Presidencia que están programadas para ser celebradas el marzo y mayo de 2022.

Este es un proyecto inoportuno e inconveniente por cuanto centrará a la opinión pública en la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de modificar la Constitución en temas tan sensibles para el elector como lo es la ampliación de los periodos actuales y el aumento de estos; mientras tanto, temas de importancia nacional como la reforma tributaria y la cadena perpetua, pasarán desapercibidos en su trámite ante el Congreso de la República. El gobierno nacional debe públicamente manifestar su falta de respaldo a esta iniciativa legislativa.

Este tipo de Acto Legislativo que amplía el periodo de los actuales mandatarios, tanto nacional como territoriales y miembros de las corporaciones públicas, violentan el mandato popular que nace del voto de cada ciudadano al momento de elegir, el cual tiene dos componentes: el primero de ellos por el candidato escogido de manera libre y voluntaria y el segundo es el término del mandato para el cual fue elegido. El mandato popular para los actuales mandatarios fue por cuatro años y una reforma constitucional que busque ampliar el mandato de los mandatarios en ejercicio, además de ser antidemocrática no tendría posibilidad de pasar el examen de constitucionalidad ante la Corte Constitucional.

La Constitución de 1886, que estuvo vigente en Colombia 104 años, fue reformada 70 veces. La Constitución Política de 1991, en solo 25 años de vigencia, hasta 2016, llevaba 40 modificaciones. A ese ritmo, en su centenario tendrá más de 160 modificaciones. Ya es hora de dejar quieta la Constitución y entender que ella por sí misma no soluciona los graves problemas del país mientras no exista la real voluntad política de cumplir con sus principios y enunciados.